Segovia

La Justicia acusa la «inexistencia» del equipo de psicólogos en casos de violencia familiar

No solo no se suplió la vacante; sino que la trabajadora social que recogió el testigo mientras se aguardaba la convocatoria para ocupar de nuevo la plaza «desgraciadamente ha causado baja médica».

Tanto la magistrada que se hace cargo del Juzgado de Violencia contra la Mujer como la jueza decana han advertido de esta anomalía a instancias superiores. Han puesto en conocimiento de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, «las distorsiones» que ocasiona la «inexistencia» del que es el único equipo psicosocial con el que contaban los órganos judiciales de la provincia en determinados ámbitos de actuación, como por ejemplo en las instrucciones y la realización de pruebas periciales en asuntos relacionados con la violencia machista o familiar o con los delitos de índole sexual.

Para paliar el vacío, de forma paralela se ha solicitado el inicio del proceso pertinente para sustituir a la psicóloga que se fue tras acogerse a un concurso de traslado. Urge encontrar un profesional que asuma unas funciones que ahora carecen de responsable, por lo que la comunidad judicial segoviana apremia para que se saque la adjudicación de la plaza y se cubra cuanto antes la vacante.

De momento, no ha habido respuesta del Ministerio de Justicia, apunta Alicia Manzano; el mismo silencio con el que se han topado otras reclamaciones que, por ahora, no hallan la contestación deseada por parte del departamento que dirige Félix Bolaños. Entre ellas, las de más funcionarios para adecuar la plantilla a las nuevas exigencias que impone la instauración del nuevo modelo de organización que gira en torno a los denominados Tribunales de Instancia. Hay «intranquilidad», reconoce la magistrada debido a la «premura» con la que se quieren poner en funcionamiento los nuevos protocolos a seguir desde que entra un asunto hasta que se dicta sentencia.

La desaparición de los juzgados tal y como se les conoce en la actualidad y de la gestión en función de las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) ha sembrado inquietud entre el personal funcionario, ya que con el Tribunal de Instancia estos trabajadores públicos dejarán de estar asignados a una plaza concreta al implantarse un sistema de servicios comunes.

Esta instauración, añade la jueza decana de Segovia, se va a llevar a cabo «a coste cero». Es decir, el Ministerio de Justicia no va a contratar más plantilla a pesar de las sobrecargas de trabajo por el aumento del volumen de asuntos ingresados que se da en la mayoría de las jurisdicciones, aunque hay algunas que en la provincia lo acusan más, como Civil o Social, y una menor medida, lo Penal, expone Alicia Manzano. La jueza decana recuerda que hace casi tres años, cuando se puso en servicio la Oficina Judicial, la se advirtió de que faltaban funcionarios. Se echaba en falta al menos uno por cada Unidad Procesal de Apoyo Directo. Por lo tanto, «se quiere implantar el Tribunal de Instancia con el mismo personal, que ya resultaba insuficiente antes».

No solo el Juzgado de Violencia contra la Mujer se ve afectado en su funcionamiento por el punto muerto en el que está el equipo psicosocial, que ya con anterioridad resultaba escaso para hacer frente al aumento progresivo de la carga de trabajo propiciada por un mayor caudal de asuntos ingresados en esta materia. También otros órganos de primera instancia e instrucción acusan el bloqueo que arrastra este servicio desde hace unos meses. Y es que son muchas e importantes las atribuciones de las que se encargan y que ahora apenas pueden ser suplidas por «la buena voluntad y el trabajo de otras personas», agradece la magistrada. Sin embargo, con fe y el esfuerzo extraordinario individual de un profesional no se cubren todas las carencias vinculadas a la falta de actividad de un equipo.

En concreto, es el psicólogo adscrito al Juzgado de Menores el que colabora en intentar que no se desmande el atasco de evaluaciones, informes y pruebas acumuladas en cartera que necesitan vía libre por los requerimientos de los jueces en sus instrucciones.

Alicia Manzano deduce la lógica de la regla tres que se plantea: por un lado, hay más trabajo porque los juzgados atienden más asuntos en un «aumento paulatino de la litigiosidad» que experimenta Segovia; pero por otro, el personal con el que cuenta la maquinaria judicial es el mismo e incluso a veces menos, como ocurre con la falta de un equipo psicosocial que mire y escuche por los magistrados en las investigaciones judiciales que se desarrollan a partir de la admisión de una denuncia y de las diligencias que se abren. La alineación de estos factores desemboca en que los tiempos de respuesta se dilatan más de lo deseado porque las evaluaciones se retrasan, apunta la jueza decana.

La contribución del psicólogo de Menores, aunque bienvenida, se queda corta, reitera Manzano en su análisis de situación. Esa buena voluntad es insuficiente. «Se necesita también un trabajador social», añade a la lista de peticiones al respecto. Es como la manta que si se estira de un lado deja descubierto el otro.

La ausencia de un equipo psicosocial al completo de miembros y disciplinas y, por tanto, a pleno rendimiento repercute en una serie de tareas necesarias que quedan pendientes y alargan desesperadamente los procesos, demoras de las que se han quejado y lamentado diferentes protagonistas de la Administración de Justicia, como son los abogados, los procuradores o los propios jueces, que achacan a la falta de recursos buena parte de las disfunciones que trastabillan la prestación del servicio.

Los equipos psicosociales son claves en los procedimientos judiciales con menores implicados. Su labor es la de auxiliar y asesorar a la Justicia mediante evaluaciones técnicas y específicas que ayudan a la toma de decisiones por parte de los magistrados. Analizan las capacidades de los padres, la situación emocional del menor y las relaciones existentes en un hogar. Aportan una perspectiva científica en conflictos personales, de ahí que sean imprescindibles en divorcios o separaciones que llegan a los tribunales, a la hora de dirimir posibles modificaciones en las medidas de guarda y custodia de los hijos, en procedimientos de protección de menores, en casos de violencia familiar o machista o en las tramitaciones de peticiones de adopción y acogimiento.