La intervención psicológica en casos de violencia familiar tarda 281 días en Segovia

Los abogados y procuradores no han sido menos y han llamado insistentemente la atención para alertar del déficit de profesionales en la cadena que mueve la administración de justicia, por no hablar de la carencia de letrados dedicados al turno de oficio y la ausencia de un ampliamente reclamado juzgado especial que atiende los casos relacionados con la violencia de género porque el caudal de asuntos ingresados no para de crecer y crecer hasta coquetear con el desbordamiento, como advertía en sus memorias la Audiencia Provincial de Segovia.

Para muestra, el botón al que se ha referido en alguna ocasión en tono crítico el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Emilio Fuentetaja, quien ha lamentado que, debido a ese embotellamiento por la falta de funcionarios y de una maquinaria más eficaz y eficiente, hay juicios rápidos en el ámbito de la violencia machista que no hacen honor a su calificación. Y es que se hacen de rogar entre seis y ocho meses, ha advertido el responsable de la abogacía segoviana.

Las últimas estadísticas que ha publicado el Ministerio de Justicia no hacen sino que ratificar la reivindicación. El informe correspondiente a la actividad desarrollada durante el pasado curso por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses carga de razones las demandas procedentes de tantos altavoces relacionados con la judicatura. Lo hace con datos. Así, al comprobar las actuaciones de los psicólogos y trabajadores sociales forenses, la subdirección de Segovia sale mal parada en comparación con las otras entidades agrupadas bajo el paraguas de Burgos como son Ávila y Soria. La evaluación de estos especialistas cuando se trata de asuntos penales de violencia machista tarda prácticamente 205 días de media. En 2024, este equipo tuvo que encargarse de veintitrés casos entrantes y resolvió trece.

Pero es que no dan abasto. Cuando se consulta la composición del Instituto de Medicina Legal operativo en Segovia, su organización permanece intacta en cuanto a efectivos con los que cuenta, mientras los atestados policiales aumentan y crece el volumen de procesos judiciales. Es decir, con los mismos mimbres cubren más trabajo. Conclusión, sobrecarga, lentitud y demoras indeseables. La estructura de este departamento la integra la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia de Género, que consta a su vez de un plantel de cuatro médicos forenses (un subdirector y tres generalistas); también hay dos psicólogos y otros tantos trabajadores sociales. Completan el organigrama sendos funcionarios, uno perteneciente al cuerpo de tramitación procesal y otro de auxilio judicial, a los que se añaden dos oficiales de actividades específicas, que ejercen como auxiliares de autopsias.

Para hacerse una idea de que el equipo se ha quedado corto y resulta insuficiente para absorber el trabajo que le llega, la misma memoria del Instituto de Medicina Legal pone de relieve cómo la carpeta del servicio clínico forense casi triplicó en 2024 los informes elaborados en el apartado de agresiones sexuales con respecto a los registrados un año antes. Si el espejo retrovisor se enfoca un decenio atrás, este tipo de documentación que han de realizar los equipos asignados se ha multiplicado por ocho, pasando de siete informes en 2015 a 35 al cierre del ejercicio pasado.

Los reconocimientos médico forenses en los casos de violencia machista no tardan tanto, aunque la subdirección de Segovia es la que más demora acumula en comparación con Burgos, Ávila y Soria. Son treinta días, un mes, lo que se alarga de media este protocolo de atención a la víctima cuando hay lesiones físicas de por medio. Si son físicas y psíquicas, el retraso es el mismo, pero también mayor que en los institutos 'vecinos'. En ambos supuestos, el reconocimiento en Ávila es el segundo que más se dilata, con entre diez y once días.

Hay que tener en cuenta, tal y como recogen los datos de la memoria del año pasado, que el equipo asignado a Segovia se hace cargo de más asuntos de índole penal vinculados a la violencia de género que los otros territorios con los que comparte organización. Por ejemplo, la tarea asimilada por los médicos forenses en esta demarcación en cuanto a los reconocimientos por lesiones físicas y psíquicas cuadruplicó a la asumida por sus homólogos abulenses. Y también se situó por encima que la registrada por la dirección de Burgos.

Con los datos como armazón objetivo, la reivindicación gana peso. La necesidad de incorporar un equipo psicosocial se repite en la lista de carencias que curso tras curso enumeran los responsables de la Administración de Justicia en la provincia. Lo han hecho los presidentes de la Audiencia y también lo ha esgrimido la Fiscalía. Si bien existe un equipo adscrito al Instituto de Medicina Legal para atender al Juzgado de Violencia sobre la Mujer y otro está asignado al de Menores, resultan insuficientes para atender también a los informes que solicitan el resto de juzgados y la propia Audiencia.

Las actuaciones de psicólogos y trabajadores sociales forenses cuando se trata evaluar agresiones sexuales de índole penal también se retrasan lo suyo. La memoria del Instituto de Medicina Legal correspondiente a 2024 revela que la demora se sitúa en torno a los 159 días de media. Es decir, más de cinco meses. Burgos, que es donde se registran las segundas dilaciones más largas, acabó el pasado año con una tardanza de unos 56 días, no llega a los dos meses.

Pero los tiempos más sangrantes por lo que se posterga el tiempo de respuesta se dan en los casos penales de violencia familiar. Si bien no entran muchos -cuatro en 2024, anualidad en la que la dotación segoviana resolvió tres- la intervención de psicólogos y trabajadores sociales forenses se retrasó de media 281 días el ejercicio anterior, nueve veces más que en la subdirección de Ávila o más del doble que lo que tardaron en Burgos.

«En los últimos años, ya demasiados, la Administración de Justicia padece una sobrecarga de trabajo inasumible que se trata de paliar con constantes reformas legales, cuando lo apremiante es dotarla de muchos más medios personales y materiales para que no colapse». Son palabras del presidente de la Audiencia Provincial, Jesús Martínez Puras, en las que alertaba en su toma de posesión, hace casi cinco meses, del problema de fondo que padecen el funcionamiento de la maquinaria judicial en Segovia. Su reflejo perfecto es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.