Crece la lacra de los delitos sexuales: un 250% más en doce meses

El balance del trimestre inaugural del año en curso informa de un total de catorce casos que han llegado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su investigación y esclarecimiento. Se han más que triplicado estos expedientes en doce meses. En este apartado, el informe territorial de Interior detalla que las violaciones se han multiplicado por tres con respecto al mismo periodo de 2024. Han pasado de una entre enero y marzo del pasado ejercicio a tres en el mismo periodo de tiempo del presente 2025.

En los tribunales, dentro de la jurisdicción penal, la memoria de la Audiencia Provincial de Segovia pone de relieve cómo la carga competencial de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la capital creció el pasado curso, dando continuidad a una tendencia ascendente que dibuja la evolución seguida en los últimos años, como señala el presidente en funciones, Ignacio Pando, en el informe que recoge el trabajo llevado a cabo en los diferentes órganos judiciales, y como también da fe el incremento de atestados policiales relacionados con casos de violencia machista.

En lo que concierne a la violencia contra la mujer, la memoria subraya que «se ha producido una disminución notable de los asuntos» atendidos por la Administración de Justicia en la provincia. En términos absolutos, a lo largo de 2024 se repartieron 350 casos cuando doce meses antes se habían distribuido 581, lo que equivale a una reducción cercana al 40%. De todos modos, el magistrado matiza en su exposición que se trata de un retorno a los números que se venían dando en los años precedentes después del repunte abrupto que se detectó en 2023. En este sentido, recuerda que la cantidad de asuntos atendidos durante 2022 en los juzgados segovianos relacionados con episodios de violencia machista fue de 332; ocho menos que los registrados en 2021, mientras que en 2020 fueron 311.

La comparación que hace Pando para llamar la atención sobre la mayor carga judicial que conlleva el aumento de los trámites abiertos y desarrollados judicialmente por lo Penal coloca el punto de referencia en la década pasada, cuando el volumen que se veía cada año era de unos 175 asuntos, tal y como pone de manifiesto en el repaso a la actividad. Desde entonces, la tarea que representan estos procedimientos se ha duplicado.

En este sentido, el presidente en funciones de la Audiencia Provincial alerta de que es «una sobrecarga del órgano judicial difícilmente asumible». «Este incremento de asuntos está poniendo al límite la capacidad de respuesta de este órgano, poco compatible en su especialidad con el hecho de que al tiempo sea Juzgado de Instrucción, con sus correspondientes guardias, y de Primera Instancia, sin que la mera redistribución de asuntos por turno de reparto, por otra parte conflictiva al suponer el aumento proporcional del trabajo de los restantes, parezca la mejor opción», argumenta en el escrito recabado y publicado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La prueba de «la penosidad de este destino», como lo describe Ignacio Pando, es que, tras el traslado de su anterior titular, no se cubrió en ningún concurso ordinario, ni entre magistrados ni luego ofrecido a jueces, de forma que la plaza ha sido ocupada por una juez recién egresada de la Escuela Judicial, como primer destino.