La Junta mantiene la oferta de bonificar el desvío de la travesía de San Rafael, pero el Estado no responde

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantiene el ofrecimiento que en su día hizo la Junta de Castilla y León al Gobierno central para desviar el tráfico pesado que soporta la travesía de San Rafael, en el término de El Espinar. Aquella propuesta vino cuando parecía cercana una solución a los peligros que acechan a la seguridad vial a la hora de transitar por este tramo de la nacional N-VI.

Sin embargo, los plazos han expirado. El plazo de seis meses que acordó el último secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo, con la por aquel entonces alcaldesa de El Espinar, Alicia Palomo, para reconducir la circulación pesada por la AP-6 caducó a mediados de abril.

Por lo tanto, la circulación de los camiones y vehículos articulados continúa siendo una amenaza. Al igual que persisten los accidentes, tal y como se han quejado los vecinos, dispuestos a perseverar en las reivindicaciones que reclaman desde hace años una salida al problema de seguridad que representa la travesía. De hecho, hace poco se insistía en la constitución de una plataforma cívica, que contaría con el respaldo del Ayuntamiento de El Espinar.

Aquel pequeño halo de luz empezó para acabar con la problemático empezó a brillar en octubre del año pasado. Unos meses antes, el consejero de Fomento y Medio Ambiente había tendido la mano de la Junta para colaborar en la bonificación del desvío del tráfico pesado hacia la autopista AP-6. Incluso habló de una horquilla al evaluar el coste de la medida que situó entre los 12 y los 19 millones de euros anuales.

Todo quedó parado ante la falta de estabilidad en el Ejecutivo central, que ha gobernado en funciones, y la ausencia de presupuestos generales. Ahora, Suárez-Quiñones reitera el apoyo económico brindado por la Junta de Castilla y León. Asimismo, recuerda que la Administración regional «llegó a reservar una cantidad para cuando se firmara el convenio». El consejero añade que también estaba listo el texto del citado acuerdo y que se envió al Ministerio de Fomento. Sin embargo, «no ha habido respuesta» a la propuesta autonómica sobre el trazado de la nacional N-VI que atraviesa San Rafael.

Ahora, el responsable regional espera que se constituya el nuevo Gobierno de la nación. Además, se compromete a que «al día siguiente de que tome posesión el nuevo ministro, solicitaré una audiencia para tratar todos los temas relativos a Fomento que afectan a Castilla y León y entre ellos estará la N-VI».

En cuanto al real decreto aprobado por el último Consejo de Ministros en el que se enciende la luz verde a modificaciones en los términos de la concesión de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 que pasan por Segovia y que se concretan en aumentos en el precio del peaje, Suárez-Quiñones ha reconocido que «poco puedo decir», ya que se trata de contratos que se suscribieron en el pasado entre el Estado y las adjudicatarias, las cuales ahora se cobran las inversiones llevadas a cabo en estas vías por parte de las compañías. Pese a la ausencia de competencias, el consejero ha reconocido que «no nos gusta que se encarezca la vida de los castellanos y leoneses, así que preferimos que sean gratuitas».