Irene, la joven cuellarana con Síndrome de Down que sueña con lograr un grado de Administración

Para acceder al Grado Medio de Administración solo hay dos posibilidades: tener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o una FP básica. Irene optó en su momento por estudiar ESO, llegando a cuarto en el curso 2016-2017. Ahí empezó su lucha. Al terminar el curso, la dirección del instituto Marqués de Lozoya le negó el título puesto que había estudiado con adaptaciones curriculares debido a su discapacidad intelectual. La joven no se rinde y realiza un segundo intento. Vuelve a matricular en cuarto de ESO y pide que se le retiren las adaptaciones curriculares, pero no todos los profesores acceden. La alternativa fue matricularse en FP básica y trasladarse al IES Duque de Alburquerque. Sin embargo, el centro no recibió la rama administrativa para esos estudios, por lo que este año ha realizado el primer curso de FP básica en la rama de electricidad.

Con esta última vía trata de «no perder años sin hacer nada», puesto que antes de hacer la matrícula ya se había iniciado el procedimiento judicial. La sentencia establece que se están vulnerando los derechos fundamentales de la joven, puesto que se le cierran las puertas para continuar con su formación. Según explica su madre, Irene lleva estudiando lo mismo tres años: los dos que cursó cuarto de ESO y este, puesto que en la FP básica, en sus ciclos troncales, las materias son las mismas. Además, ahora estudia sin adaptaciones, porque en FP básica no existen, ni tampoco profesores de apoyo, lo que no le ha supuesto impedimento para aprobar las asignaturas. «Ella prueba todas las posibilidades y va aprobando», señala María Jesús Magdaleno.

El día a día hasta llegar a la sentencia «ha sido peliagudo», apunta la madre de Irene, quien relata que el segundo año que su hija cursaba cuarto pidió al centro una fotocopia de las adaptaciones curriculares, que le fueron negadas inicialmente, por lo que elevó una queja al Defensor del Pueblo, que instó a la Consejería de Educación a dar una explicación. Desde allí se dijo que tenía derecho a ellas y el centro se las entregó, pero en este proceso pasaron cuatro meses. En este tiempo, además, el centro cambió el reglamento de régimen interno incluyendo un párrafo que afectaba al acceso a las adaptaciones curriculares. Posteriormente el instituto tuvo que retirarlo «porque es contrario a la ley», señala Magdaleno.

Antes de iniciar este segundo curso de cuarto, solicitó una entrevista con el consejero de Educación y fue atendida por la directora general de Atención a la Diversidad que se comprometió en interceder. Sus representantes se reunieron con responsables del centro educativo y la Dirección Povincial de Educación para dar respuesta de asesoramiento al centro en el proceso de desarrollar las medidas de atención educativa y establecer programaciones con un diseño universal de aprendizaje,«que es la base de la inclusión», pero el centro alegó que ellos no habían solicitado este asesoramiento.

También fue antes de iniciar ese cuarto curso cuando se inició el proceso que culmina en los juzgados. Madre e hija piden que se eliminen las adaptaciones a Irene para poder optar al título y entre los profesores «hay discrecionalidad. Una lo decide por su cuenta, otro profesor accede, y se piden cuatro más por escrito, de las que tan solo se admite una», señala Magdaleno.

Cuando en tres asignaturas se niegan a que Irene estudie sin adaptaciones curriculares es cuando se inicia el proceso con un recurso de alzada contra una resolución administrativa, que hay que interponer ante el órgano superior, en este caso la Dirección de Educación, que no les dio la razón. Recurrieron ante el Juzgado Contencioso Administrativo en un nuevo proceso que se presenta como la vulneración de un derecho fundamental. A partir de ahí, explica la madre, interviene la fiscal, «que en su informe dice que a la alumna no se le está dejando ninguna vía, porque con adaptaciones no titula y sin adaptaciones no se le permite estudiar».

Y es que Irene va al instituto a convivir con sus compañeros, a aprender, a examinarse y, si aprueba, a obtener el título. Y así lo han visto los magistrados del TSJ, «que vienen a decir que hay una perversión en el sistema, porque hay una herramienta que utilizan y que, supuestamente, es una medida de atención a la diversidad para las personas con discapacidad. Pero luego es el cerrojazo a tener el reconocimiento a unos estudios», señala María Jesús Magdaleno.