El futuro Tribunal de Instancia amenaza con «agravar» la falta de personal en Segovia

Jesús Martínez Puras desarrolla un discurso pedagógico para concluir con unas reivindicaciones que no tiene patentadas solo Segovia. Las demandas, que ya firmó su predecesor en el cargo, Ignacio Pando, adquieren un tono incluso más grave ante esos cambios que va a incorporar (y que ya está asumiendo) en muy poco tiempo el funcionamiento de la Justicia en la provincia. El magistrado deduce una lógica que se va incumplir tal y como está planificada la reforma. A más competencias, se necesita más personal; pero el Ministerio de Justicia no está por la labor.

La novedad que supuso la creación de la Oficina Judicial, en vigor desde hace un año y medio, ha pinchado. «El diagnóstico más acertado que he escuchado de jueces, letrados, de los funcionarios de Justicia es que no se ha aumentado la relación de puestos de trabajo al implantarla», se hace eco el presidente. Aunque se mantienen los órganos judiciales unipersonales con el mismo magistrado que había, estos entes dejaron de tener la dotación de empleados que tenían cuando se instauró la organización basada en la Oficina Judicial. Esos titulares en la actualidad «ya no tramitan, resuelven y ejecutan», tres atribuciones que reunían bajo su desempeño. Eran «dueños y señores» del juzgado que tenían asignado.

El sistema vigente a día de hoy hasta la próxima reforma que entrará en servicio el último día del presente 2025 acarreó el primer gran cambio en la maquinaria tradicional de la Administración de la Justicia. Esas atribuciones que aunaban los magistrados se repartieron en tres áreas. El llamado Servicio Común General, encargado del registro de asuntos, de distribuirlos y del auxilio a magistrados; se constituyeron las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) apegadas a los jueces para las resoluciones y dedicadas a la tramitación, y por último, se creó el denominado Servicio Común de Ejecución.

Más tareas con la misma relación de puestos de trabajo. El número de trabajadores se quedó tal cual estaba con la operatividad anterior, aunque se distribuyó el personal entre las citadas tres áreas, explica Martínez Puras.

¿Qué ha pasado en este año y medio? La Oficina Judicial «ha quedado desequilibrada y la plantilla, mermada». Esta carencia repercute en más cargas laborales y, por ende, en más retrasos, como se han venido quejando colectivos profesionales como los de los abogados y procuradores. «Las Unidades Procesales de Apoyo Directo se quedan cojas manteniendo muchas competencias por la tramitación y resolución de asuntos». Esa cojera la tradujo el anterior presidente en la necesidad de incorporar diez funcionarios más. Martínez Puras, por su parte, ratifica que «no ha habido una adecuada distribución de una plantilla que de por sí era insuficiente».

Desequilibrios, escasez de personal y atascos en determinados juzgados de Segovia. Si además se añade «el aumento constante de entrada de asuntos, que no cesa», está servida «la tormenta perfecta» para que la Administración de Justicia no carbure como sería deseable.

Con este panorama la provincia encara unos meses cruciales en los que el entramado judicial va a introducir más cambios. El foco del protagonismo de esta reforma inminente recae en el Tribunal de Instancia, que ya está operativo en los partidos rurales segovianos desde el pasado 1 de julio. En estas demarcaciones apenas se notan las novedades más allá «del cambio de nombre». Por lo demás, «las funciones son exactamente las mismas, no se modifica la competencia, la plantilla sigue siendo la misma y continúan tanto el juez como el Letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios asumiendo las mismas atribuciones que tenían», desgrana Martínez Puras.

Harina de otro costal es el partido de la capital. Segovia lo tiene «más complicado» para vestir la nueva organización aprobada, no sin discrepancias que se han trasladado a pie de calle y que se han escenificado en jornadas de huelga por parte de jueces y magistrados. El presidente de la Audiencia enfoca el «problema». A diferencia de los del medio rural, en este partido «hay más juzgados y más jurisdicciones», lo que dificulta el ajuste del modelo al déficit de recursos disponibles. Sin olvidar -como apunta el magistrado- que la operatividad de la Justicia en la provincia también acusa que «no se hayan aumentado los refuerzos».

Será el 31 de diciembre de este año cuando se instaurará el Tribunal de Instancia de Segovia. Será pasar la página de los juzgados tal y como se conocen hasta ahora. Así, desaparecerán los seis de Primera Instancia e Instrucción; los dos de lo Penal; los otros dos de lo Social; el de Menores, y el juzgado dedicado lo Contencioso-Administrativo. En este sistema que el magistrado define como «tradicional» antes de que comience a andar la nueva organización, «cada juzgado tramitaba, resolvía y ejecutaba cada uno de los asuntos que le eran repartidos».

Esta estructura pasará a mejor vida. Al desaparecer los órganos unipersonales, todos los jueces y magistrados del partido judicial que servían en ellos, los doce del partido de la capital, se integran en un único Tribunal de Instancia, subraya el presidente de la Audiencia. Esto lleva a tener que repartir el volumen de asuntos entrantes en clave jurisdiccional. La distribución de esta carga, cada vez más pesada, se hará a través de secciones, que serán las que repartirán las tareas. Una va a ser de civil e instrucción, a la que se la asignarán seis magistrados o jueces que antes eran titulares de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Otra, dedicada a lo Social, dispondrá de dos togados; la de lo Penal, contará con otros dos; Menores tendrá uno, y lo Contencioso-Administrativo, otro.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado un documento sobre las necesidades de plazas que han de ser cubiertas. Para el partido judicial de la capital segoviana demanda sumar una más y llegar a siete magistrados en la sección de civil e instrucción. No en vano, este área añade la compatibilidad en asuntos del orden Mercantil y en materia de Violencia contra la Mujer.

El futuro de la actual Oficina Judicial va ligado a los Tribunales de Instancia. El nuevo modelo que entrará en vigor el último día del año va a prescindir de las unidades procesales creadas hace un año y medio, que se van a reordenar en servicios comunes. En concreto, en tres. Uno, el que asume las funciones de las UPAD y que se encargará de la tramitación; otro denominado Servicio General, que se hará cargo del registro de asuntos y del reparto, así como del auxilio a la actividad judicial, y un tercero que se llama Servicio Común de Ejecución.

¿Qué pasa con la dotación? El presidente de la Audiencia de Segovia contesta que «a cada materia y servicio se le asignará un número de funcionarios». El Ministerio de Justicia no va a promover aumentos de plantilla a pesar de que se generan nuevas competencias y necesidades. El magistrado lanza un aviso ante la situación que se avecina. «Sería conveniente que sean funcionarios estables porque sino será un desbarajuste», advierte. Cuando hace esta demanda se refiere a que no haya rotaciones constantes ni cambios permanentes en los equipos porque la marcha de personal y su restitución entorpece un funcionamiento que ya de por sí apunta ser más farragoso y proclive a aumentar las demoras que arrastra la Justicia.

Así lo vaticina el magistrado, que advierte del riesgo de «agravamiento» de los males que aquejan a la Administración de Justicia. Lo justifica así. «Si los juzgados actuales o la Oficina Judicial actual está asumiendo, por ejemplo, un 40% más de asuntos de lo que sería normal para una tramitación y una resolución eficaces, aumenta la pendencia año tras año y se dilatan los tiempos».

Es un problema real que sufre Segovia en la actualidad y que no se soluciona. Con el Tribunal de Instancia, el peligro de empeorar acecha «porque por un lado no se aumentan las plantillas y por otro lado el Ministerio no está atendiendo las solicitudes de refuerzo en las plantillas de funcionarios».