Los juzgados de paz de Segovia resuelven hasta seis asuntos penales por día

Los jueces de paz han experimentado un incremento del trabajo diario que realizan principalmente en las salas municipales de los diferentes ayuntamientos segovianos. Es una figura cuya elección requiere la mayoría absoluta del pleno de los consistorios y puede presentarse al cargo cualquier persona que cumpla los requisitos legales, ya que es necesario contar con la nacionalidad española, ser mayor de edad y no estar condenado por delitos dolosos, entre otras condiciones. Tienen la capacidad de desarrollar su labor por un periodo de cuatro años y antes deben prestar juramento.

En Segovia, hasta 205 municipios cuentan con este servicio -incluidos los más pequeños- y en muchos casos ha sido necesario realizar varias convocatorias al quedar plazas vacantes. Es por ello que muchos pueblos han optado por recompensar la labor económicamente. Precisamente, los Presupuestos Generales del Estado contemplan las retribuciones máximas de las que pueden beneficiarse los interesados. La cuantía depende del número de habitantes de la localidad en la que se desarrolle el trabajo y va desde los 1.280 euros anuales hasta superar los 5.000.

La tarea de los jueces de paz va más allá de revisar y gestionar documentos presentados ante el registro civil, ya que también prestan apoyo en la resolución de asuntos penales e incluso emiten fallos si se trata de delitos menores. Todo ello con el propósito de garantizar una óptima convivencia entre los habitantes de la provincia.

Son más habituales los expedientes del ámbito civil que del penal, aunque los asuntos han repuntado en ambas categorías a lo largo de 2024. Así lo confirma el último informe publicado recientemente por el Consejo General del Poder Judicial, que ratifica la recuperación de la normalidad en el seno de los juzgados de paz tras la pandemia y el aumento en un 21% de la resolución de conflictos en los pueblos segovianos.

El orden que más crece es el penal, que arroja un incremento de casi el 24% de los asuntos que ingresaron el pasado año, hasta superar los 2.100. De ellos, el 98% han podido ser resueltos, ya que en su mayoría se trataba de exhortos. Esto significa que la totalidad de los casos penales -salvo cinco- que han llegado a los juzgados de paz de la provincia han sido trasladados directamente a otros tribunales para iniciar un acto procesal específico.

Normalmente, esto se debe a que los jueces legos no tienen las suficientes competencias para poner solución a algunas materias en concreto. Su principal misión es facilitar la comunicación entre los órganos superiores y los ciudadanos, lo que se une a las tareas de prevención de los delitos. Algunos casos en los que suele mediar son las rencillas familiares y vecinales de todo tipo, los desacuerdos por la titularidad de las propiedades, la usurpación de tierras, los incumplimientos de pago o las ofensas personales.

De este modo, la mayoría de los temas tratados por esta figura jurídica se en con el ámbito civil, un total de 3.368. Los jueces de paz trabajan codo con codo con los responsables de los registros de las administraciones locales. Por ejemplo, los jueces de paz son los encargados de tramitar los expedientes de matrimonio, emitir los certificados de nacimiento y defunción o inscribir estos eventos vitales. Una de sus funciones más conocidas era la de oficiar bodas civiles. No obstante, fueron desprovistos de esta atribución a partir de la entrada en vigor el pasado 3 de abril de la Ley Orgánica 1/2025. La nueva normativa otorga las competencias para autorizar el matrimonio civil a los notarios, encargados del Registro Civil, alcaldes o concejales.

Por este motivo, en un futuro próximo pueden disminuir ligeramente los asuntos que ingresan de orden civil en los diferentes juzgados de paz segovianos. A lo largo de 2024, la mayoría de los casos resueltos son exhortos, pero también se han notificado 73 actos de conciliación y media docena de juicios verbales.