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En la justicia de paz de Castilla y León trabajan 312 letrados de la Administración de Justicia y auxiliares y 2.206 jueces no profesionales, ... los jueces legos, que hacen posible la justicia más cercana, aunque buena parte del sector se pregunta si no es muy alto el precio. El descenso de competencias desde el Código Penal de 2015 y una reducción de la actividad en las agrupaciones de paz del 43,3% en el último año –111.446 resoluciones frente a las 257.292 de 2017–, según refiere el informe 'La Justicia, dato a dato' del Consejo General del Poder Judicial elaborado en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), vuelve a desempolvar la polémica sobre la pervivencia de una institución de doscientos años que la mayoría de los jueces profesionales considera obsoleta.
El magistrado de la Sala Civil de la Audiencia de Valladolid, Francisco Salinero, sostiene que es «una institución anacrónica, que gasta mucho y es ineficiente». Se cuestiona, como la mayoría de togados, si el coste presupuestario que conlleva para el Estado, que destina a las agrupaciones de paz del territorio Ministerio de Justicia subvenciones que suman algo más de dos millones de euros anuales, no debería destinarse a reforzar con más medios los atascados juzgados de las capitales de provincia.
La disyuntiva afecta especialmente a Castilla y León, la cuarta comunidad autónoma con más partidos judiciales, 41 de 431, y que se lleva buena parte del dinero que dedica el Ministerio a mantener la justicia de paz. Salinero pone como ejemplo del «derroche» que la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Valladolid abona al año unos 500.000 euros por las facturas de taxi de los funcionarios de las agrupaciones de paz de su territorio: las provincias de Valladolid, Palencia, León, Zamora y Salamanca.
Los juzgados de paz ya estuvieron en peligro en 2014, cuando el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial defendido por el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón planteaba los juzgados de paz casi como meras oficinas de apoyo de los registros civiles. Ante la presión de los alcaldes y la impopularidad de la medida, Gallardón dio marcha atrás y anunció que «no iba a tocar» los partidos judiciales ni a los jueces de paz. Los hombres buenos desempeñan una tarea de rebajar la conflictividad en la convivencia del día a día en sus pueblos muy valorada por la mayoría de sus convecinos.
El pasado año celebraron 887 actos de conciliación que evitaron, en muchos casos, que los implicados terminaran en pleito. Hoy, tras unos años en que los candidatos escaseaban en los ayuntamientos y la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia se las veía y deseaba para cubrir las vacantes, en este mandato son muchos los municipios en los que varios aspirantes se han presentado al puesto de juez lego, como en Mojados (Valladolid) o en Fontiveros (Ávila) para disputárselo a los que están.
A pesar del considerable descenso en el número de asuntos resueltos (exhortos penales y civiles, juicios verbales, actos de conciliación y otros asuntos civiles y penales pequeños), Castilla y León sigue ocupando el quinto puesto entre las comunidades con mayor actividad de los juzgados de paz por detrás, en este orden, de Cataluña, Valencia, Andalucía y País Vasco.En total. La justicia de paz en España solucionó el pasado año 1.580.341 asuntos. Entre ellos, favoreció la conciliación en 14.541 conflictos vecinales que, sin su mediación, habrían acabado en los tribunales.
Fue concejala antes que jueza de paz, pero dice que las ideologías se quedan siempre fuera del despacho que ha habilitado el Ayuntamiento para que pase consulta a los vecinos que llegan para contarle sus problemas. «Mis vecinos me tienen mucha confianza, es como si fuera abogado de los pobres», señala Maximina, 'Maxi' Jorge. Dice que hace unos años, cuando era edil, «costaba trabajo y casi había que obligar a la gente para que se presentara de juez de paz», pero ahora han cambiado las tornas. De hecho, se han presentado en esta convocatoria siete aspirantes a disputarle el puesto. «Hay gente que pregunta por el sueldo, pero eso no es lo importante, porque es una propina, en torno a unos 400 euros cada tres meses. Esto se hace por vocación de servicio», subraya con entusiasmo.
El secreto para conseguir aplacar los ánimos entre losvecinos peleados, revela, es «sentido común. No es que se necesiten estudios de derecho, es aplicar la carrera de la vida y convencer a la gente de que lo que hace está bien o mal». El primer paso para ello, indica, es «asesorarse bien por gente que sabe y luego arreglo hasta problemas de herencias». Lo importante, sostiene, «es que estoy encantada de poder ayudar»
Un caso que, sin embargo, le está resultando un poco complejo de solucionar por la vía del acuerdo tiene que ver con el urbanismo. En una urbanización del término, relata, una vecina se enfrenta a otra que ha hecho una construcción en el jardín para meter una caldera «cuando durante 30 años se han estado haciendo obras por parte del resto de los vecinos sin pedir permiso al Ayuntamiento, incluido el chalé de la misma denunciante».
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