La Fiscalía de Segovia sospecha que no se derivaron ancianos por «el desbordamiento» del hospital

Las entidades a las que se les han abierto en Segovia estas diligencias civiles preprocesales son las dos residencias dependientes de la Junta (la Asistida y la Mixta de válidos), ambas tras una denuncia de Unión General de Trabajadores (UGT) a nivel regional; y a las privadas de El Jardín, en Trescasas, y el centro del Doctor Barrios, en Ortigosa del Monte.

Hasta ahora, el Ministerio Público en su actuación de oficio «sospecha» que en la gestión de la crisis sanitaria se han producido algunos casos de ancianos que «no pudieron ser trasladados al Hospital General por la situación de desbordamiento» que sufría el complejo sanitario, declara la fiscal jefe, Elena Martín, quien añade que todavía «falta documentación» requerida que no se ha recibido por parte de las residencias. Entre la información pedida están los datos sobre contagios, ingresos y medidas aplicadas al respecto,entre otras cuestiones.

La fiscal jefe de Segovia estudia la documentación aportada hasta ahora y aguarda completarla con los informes de los centros privados para poder tomar una decisión acerca de si el Hospital General, en esa situación al límite de su capacidad asistencial, «no pudo aceptar» el traslado de pacientes mayores procedentes de residencias cuando éstas «solicitaron el auxilio de los medios públicos».

Cabe recordar que la presión asistencial de la pandemia empujó al centro al borde del colapso hasta el punto de verse obligado a habilitar espacios para ampliar la dotación de camas en la cafetería y el salón de actos.

En cuanto a las residencias gestionadas por la Junta, el delegado territorial, José Mazarías, afirma que «desde el primero momento se han atendido todas las necesidades», tanto de materiales de protección como en cobertura de personal. Admite que «ha habido épocas de escasez» en las que esas carencias se han satisfecho «en menor medida de lo que me hubiera gustado»; pero «siempre ha habido material suficiente», hace hincapié. Además, «todas las bajas han sido cubiertas con contrataciones de personal».

Mazarías defiende a su vez el seguimiento que se ha efectuado de los criterios y protocolos marcados por las autoridades sanitarias en cuestiones como la desinfección de las instalaciones. Así, por ejemplo, se ha priorizado la protección en la Asistida, que en la catalogación que hizo la Junta figuraba entre las más afectadas, ha recordado el delegado territorial.

Asimismo, considera que debate sobre los criterios de admisión de ancianos enfermos de covid en la Unidad de Cuidados Intensivos en los momentos de apogeo de pandemia está «superado». Mazarías reitera con rotundidad que «es falso que no se hayan aceptado pacientes solo por el criterio de la edad porque no era el único, había otros parámetros sanitarios que también se tenían en cuenta».

Por su parte, la fiscal jefe explica que las diligencias por la denuncia de UGT sobre los residencias de la Junta en Segovia están a la espera de «lo que decida la Fiscalía General».