Las expropiaciones de la ampliación del Hospital de Segovia, abocadas a los tribunales

De momento, la expropiación forzosa de las fincas que suman la superficie elegida para levantar la extensión del actual complejo asistencial está recurrida. El camino hasta llegar a este punto está plagado de desencuentros entre los dueños y la Administración autonómica. Entre lo que pide la titularidad y lo que ofrece el Ejecutivo castellano y leonés.

Para acelerar los trámites y sortear mientras tanto los escollos que plantearía un litigio, el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco declaró de interés regional la ampliación del Hospital de Segovia, que entonces no tenía la categoría de universitario, y la creación de la Escuela de Enfermería de la UVA, que son las dos infraestructuras nucleares que aúna el proyecto.

Esa fórmula es ya conocida en la provincia. Ampara, por ejemplo, la reconfiguración y ordenación urbanística del suroeste de la ciudad, en concreto del área de Las Lastras, donde está prevista, entre otras actuaciones, la construcción de 260 viviendas, un nuevo vial estructurante, diversas zonas de aparcamiento y un gran parque forestal.

Las diferencias sobre el montante económico que, a juicio de los dueños, ha de pagar la Administración regional por hacerse con los alrededor de 49.000 metros cuadrados de superficie de la discordia, han llegado a un punto sin retorno. Eso se deduce del recurso de reposición interpuesto por la propiedad ante la Comisión Territorial de Valoración por su disconformidad con el precio fijado por este órgano. Mientras, la titularidad privada no ha visto un euro de las expropiaciones.

La evaluación inicial del plan para la ampliación del Hospital General Universitario de Segovia, publicado en mayo de 2022, establecía que el coste inicial del que partía la valoración de la ocupación de las seis fincas implicadas es de 352.790,75 euros. El justiprecio que marcó la comisión es insuficiente a todas luces para la propiedad, que requiere a la Junta en torno a 2,5 millones de euros. De ahí, el recurso de reposición. Ambas partes están a la espera de una resolución, aunque la representación de los dueños augura que la propuesta volverá a quedarse muy corta.

Ya lo aventuró como delegado territorial José Luis Sanz Merino, quien intuía hace dieciséis meses que «parecía que no iba a haber acuerdo». Todos los movimientos y sensaciones hasta ahora abocan a una denuncia de la propiedad ante los tribunales por la expropiación, por lo que el Gobierno regional se expone a que, con el paso de los años y los recursos hasta llegar al Supremo, tenga que pagar una indemnización millonaria, como ocurrió con el talud de Padre Claret y el Ayuntamiento de la capital.

Los dueños del suelo critican «la arbitrariedad» con la que actúa la Junta. «Es una injusticia», claman. En su argumento se aferran a que hace años ya hubo una expropiación en «la misma finca». En concreto, la ocupación afectó a una franja de terreno necesaria para ampliar la carretera que sube hacia Urgencias. Entonces, ese suelo estaba calificado como urbanizable y se abonó un precio que puede ser entre cinco o seis veces superior al que ahora baraja pagar la Junta.

La propiedad muestra su indignación porque la superficie ha sido recalificada como «rústica». «Se han hecho un traje a medida de manera arbitraria», recrimina la titularidad, que lamenta la «indefensión que sienten los ciudadanos»