«Las empresas y los usuarios se creen que solo servimos para barrer y fregar»

Trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio protestan ante la sede de la Diputación. /Antonio de Torre
Trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio protestan ante la sede de la Diputación. / Antonio de Torre

Las trabajadoras de ayuda a domicilio salen a la calle para exigir «condiciones dignas»

En torno a un centenar de trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio se concentraron ayer, durante la jornada de huelga, primero frente al Ayuntamiento y después a las puertas de la Diputación Provincial. El objetivo era claro: exigir unas condiciones laborales dignas y hacer visible «la degradación» que sufre el servicio gestionado por empresas privadas. También insistieron las trabajadoras en que se trata de un sector que demuestra especialmente que la precariedad laboral tiene rostro de mujer. Los tres meses que llevan negociando con Seralia, Azvase, Clece y Valoriza, las cuatro empresas que se hacen cargo del servicio, no han servido para llegar a acuerdos, ya que las ofertas que han recibido «son inaceptables, una miseria», explicó la secretaria del Sector Servicios Sociosanitarios de UGT, María José González. Por eso, las más de 360 trabajadoras del sector en la provincia, 290 de la Diputación y 72 del Ayuntamiento, han decidido dar un paso más con esta huelga. Además, anunciaron que en función de la respuesta de la patronal y de la actuación de la Gerencia de Servicios Sociales y de los entes locales se hará un calendario de huelga, e incluso una acampada frente a la Junta.

El convenio del servicio de ayuda a domicilio expiró en diciembre de 2016 y hasta la fecha la única alternativa que les ofrecen es dejar pasar el 2017 sin subidas, y a partir de octubre de 2018 y durante 2019 y 2020 aplicar un incremento del 1%. En 2021 y 2022, sería del 3%, explicó González. Subidas que las trabajadoras consideran «intolerables», por lo que exigen que sean de, al menos, un 2% a computar desde el 1 de enero de 2018, en base al acuerdo nacional firmado entre sindicatos y patronal. También insisten en la importancia de que se reconozca el 100% del tiempo de trabajo efectivo, incluyendo los periodos de traslado de un hogar a otro, tanto para la zona rural como urbana. En el plano asistencial, consideran que con el sistema actual no se garantiza el servicio, ni la cobertura necesaria a las personas debido a un recorte del número de horas de asistencia en el conjunto de Castilla y León de en torno al 30%.

La secretaria de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, Pilar Araujo, señaló que esta precarización de la prestación y de las condiciones de las trabajadoras es consecuencia directa de la externalización del servicio. En la misma línea, señaló que cerca de un 75% de las empleadas tienen jornadas parciales con salarios que no llegan a los 400 euros mensuales. Tampoco cuentan, según manifestó, con los apoyos mecánicos adecuados para ejercer su labor de atención a las necesidades básicas como aseos, movilizaciones, comidas, atención personal, compras o apoyo físico y emocional al usuario.

Trabas

Aunque el seguimiento de la huelga «ha sido masivo», María José González señaló que empresa adjudicataria por parte de la Diputación Provincial, Clece, «ha tratado de boicotear el llamamiento, primero no dando respuesta ni facilitando la información requerida ante el anuncio de huelga, y más tarde imponiendo a las trabajadoras servicios mínimos superiores al 50% del personal». Algunas de las trabajadoras que fueron requeridas para estos servicios confirmaron que su labor nada tuvo que ver con el pacto adquirido entre sindicatos y patronal, ya que han realizado «tareas de limpieza» cuando en dicho documento se detallaba que solo recibirían atención durante la jornada de huelga grandes dependientes y encamados. Una situación que, dicen, ha provocado «la disminución del seguimiento de esta convocatoria», que estaba previsto, según las consultas realizadas, en el 90%, ya que el otro 10% está de vacaciones.

En el caso de la adjudicataria del Ayuntamiento, Valoriza, no ha existido ningún tipo de inconveniente, ya que el viernes firmaron los servicios mínimos del 15,27% del personal para cubrir 90 horas de usuarios encamados y grandes dependientes. Las trabajadoras consideran que «tanto Ayuntamiento como empresa han facilitado que la mayoría puedan ejercer su derecho a la huelga».

Testimonios

Después de siete años en el sector, Henar Martín lamenta que «traten como chachas» a unas profesionales a las que les exigen la titulación sociosanitaria. «Las empresas y los usuarios se creen que solo servimos para barrer y fregar, cuando en realidad es un servicio personalizado de ayuda a domicilio para facilitar la vida a mayores y dependientes». La situación ha llegado a un punto que «sentimos que se están riendo de nosotras», asegura. En su caso desarrolla su trabajo en Cuéllar, el municipio en el que reside, pero advierte de que muchas compañeras llegan a hacer hasta 100 kilómetros diarios para atender a todos los usuarios asignados. Unas condiciones que califica de «vergonzosas».

María Carmen de Pablos, que trabajadora en el área de Valverde del Majano y recorre a diario entre 30 y 50 kilómetros diarios, explica que no todos los días tiene el mismo número de usuarios, ya que hay algunos a los que se les atiende una hora y cuarto dos días a la semana y otros que cuentan con el servicio todos los días durante 50 minutos. En este sentido considera que «es muy poco eficaz un sistema que obliga a recorrer casi 50 kilómetros para trabajar durante tan solo 50 minutos», y más teniendo en cuenta que con el pago que reciben por kilometraje, 18 céntimos, «no cubrimos los gastos de combustible y rodaje del vehículo».

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