Los agentes forestales y medioambientales exigen protección ante las agresiones

Agentes medioambientales. /Foto cedida por la asociación nacional
Agentes medioambientales. / Foto cedida por la asociación nacional

La asociación nacional, reunida en El Real Sitio de San Ildefonso, alerta también de la duplicidad de plantillas

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

La Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) ha elegido El Real Sitio de San Ildefonso para celebrar la decimonovena asamblea ordinaria en la que profesionales llegados de distintas comunidades autónomas compartieron los retos y objetivos que tienen por delante el colectivo. A tenor de lo expuesto en el encuentro, los agentes sienten «indefensión y desprotección» por parte de las administraciones públicas. El presidente nacional, Rubén Cabrero, citó y subrayó en rojo como uno de los problemas más acuciantes que afectan al sector las agresiones que padecen los agentes en el ejercicio de su trabajo.

La última, la sufrida por un compañero de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, quien fue atacado por un grupo de vecinos de la localidad onubense de Lucena cuando realizaba las tareas de inspección de pozos ilegales en el entorno de Doñana. «Este hecho supone la enésima agresión que sufre el colectivo de agentes forestales y medioambientales en los últimos años, ante la pasividad de las administraciones públicas», se queja la asociación española.

El agente estuvo hospitalizado tres días, recuerda Cabrero, quien insiste en reivindicar al Gobierno la dotación de «medios jurídicos y físicos» para garantizar la seguridad de los profesionales. En esta misma línea, el presidente de AEAFMA hizo hincapié en la necesidad de aumentar el personal para poder hacer cumplir lo que la ley establece en materia medioambiental. Los recursos humanos son insuficientes. «En España somos unos 6.000 agentes forestales y medioambientales, pero para poder cubrir las 24 horas de servicio tendríamos que ser entre 10.000 y 12.000», calcula el responsable nacional, quien coloca sobre las comunidades autónomas el foco de la responsabilidad en cuanto al refuerzo de las plantillas.

Es decir, el personal que en la actualidad vela por la normativa en materia de medio ambiente se encuentra a la mitad de lo que debería ser. Cabrero añade, a modo de ejemplo, que «hay servicios de caza o pesca prestados por una sola persona». Estas situaciones relacionadas con la escasez de efectivos están íntimamente relacionadas con el sentimiento de «desprotección» en la que insiste el presidente de la asociación española.

Rubén Cabrero hace hincapié en que los agentes forestales y medioambientales «tenemos como función básica y es eje de nuestra profesión, la policía y custodia del medio natural». Sin embargo, a pesar de tener una atribución policial y de desarrollar su tarea de vigilancia aplicando, si es necesario, la parte coercitiva de la norma, se ven en desventaja de medios de defensa y de autoprotección con respecto a otros cuerpos de seguridad, como la propia Guardia Civil o las Policías Nacional y Local.

Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad

Así pues, otra de las reivindicaciones que volvieron a salir a relucir en la asamblea de ayer se centra en exigir la inclusión de los agentes forestales y medioambientales en la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad y que se les trate como una policía más, en su caso dedicado a la protección del medio natural.

Durante la reunión de ayer en El Real Sitio de san Ildefonso, la asociación expuso dos vías en las que se está trabajando para la mejora de las condiciones jurídicas de estos profesionales. Por una parte, el miércoles que viene el grupo parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados defenderá una proposición de ley básica para los agentes forestales, revela el presidente de la asociación nacional. Por otro lado, varios partidos han solicitado la comparecencia de este colectivo en una comisión de la Cámara Baja para debatir sobre cómo debe ser y articularse el modelo policial.

Rubén Cabrero también llama la atención sobre el incremento de las funciones que han de llevar a cabo los agentes en virtud de hacer cumplir y velar por la nueva normativa medioambiental. «Hay nuevas atribuciones asociadas a los nuevos delitos medioambientales incluidos en el Código Penal», comenta. Y es que ya no solo se concentran en, por ejemplo, el control de la caza y la pesca, sino que también asumen la vigilancia sobre la gestión de residuos o la salvaguarda del medio patrimonial cultural y natural.

El presidente de AEAFMA también ha señalado que «principal problema» al que ha de hacer frente la conservación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es «la afluencia de personas». Los flujos de visitantes «requieren de un control por parte de la administración», añade Rubén Cabrero, quien en este caso también echa en falta un refuerzo de la plantilla de agentes forestales y medioambientales. También advierte de la amenaza que representa «el urbanismo ilegal» para los espacios protegidos como el del parque nacional.

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