Una Caja Segovia «engañada» salvó la deuda tributaria de unas familias asturianas

¿Cómo llega Caja Segovia a asumir la deuda tributaria de una empresa asturiana? Es el quid de la cuestión, el interrogante astral sobre el que orbitan el resto de preguntas que cuestionan la actuación de la entidad de ahorros agonizante antes de la integración en el grupo de Caja Madrid. Esa gran incógnita es la que ha tratado de resolver Gonzalo Centeno, representante de Inspección de la Delegación Regional de la Agencia Tributaria en Gijón, quien ha prestado declaración este jueves por la mañana en calidad de testigo .

El alto cargo asturiano había sido citado por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 que investiga si hubo administración desleal en la operación de ingeniería financiera por la que se hipotecó del Torreón de Lozoya por un importe de 6,8 millones de euros. Centeno se ha ratificado en lo que ya declaró por escrito en el formulario remitido por el magistrado.

Es decir, que Caja Segovia asumió una deuda que no le correspondía, ha concluido el abogado de la acusación de Izquierda Unida (IU), Alberto López Villa. El consejo de administración que dio luz verde a la operación del préstamo con Bankia para salvar el endeudamiento de Navicoas tras su fiasco urbanístico en tierras asturianas «no tenía virtualidad ni preparación ni capacidad para discernirlo que se les ordenaba votar».

La cadena de «engaños» a los que hace referencia el letrado de la formación política personada en la causa acabó con el visto bueno al préstamo adquirido con Bankia. López Villa está convencido, después de los testimonios escuchados a lo largo de tres años y de la documentación recabada en este tiempo de instrucción, de que el banco «presionó o coaccionó de alguna manera» a Caja Segovia. Aquella decisión adoptada por el consejo de administración del 19 de julio sirvió para «exonerar» a los representantes administradores de algunas importantes fortunas del Principado que vendieron el capital social de la empresa a Navicoas, de la que fueron presidente y secretario el director de Riesgos de Caja Segovia y el vicepresidente de la entidad de ahorros, Javier Varas y Manuel Agudíez, respectivamente.

La investigación de la Agencia Tributaria por la declaración de Hacienda de 2007 derivó las obligaciones tributarias en Navicoas, que se vio en la obligación de asumirlas. La responsabilidad tenía que recaer en los administradores y no en los accionistas, y «Caja Segovia era accionista», por lo que el abogado concluye que no tuvo que hacerse cargo del pago. Entonces, Varas como Agudíez sí estaban en el consejo de la sociedad promotora.