El fiscal quiere sentar en el banquillo a la cúpula de la Caja por hipotecar el Torreón

La declaración de este jueves del representante de la Delegación Regional de Inspección de la Agencia Tributaria de Gijón es el último cabo que quiere de dejar bien atado el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia. Testificará como testigo, y a buen seguro que ratificará la versión que ya facilitó a preguntas formuladas por escrito por el instructor de la causa. Todas las partes implicadas en el frente judicial abierto por la hipoteca que pesa sobre el Torreón de Lozoya esperan que el de mañana sea el testimonio final antes de que el juez se pronuncie.

¿Hubo o no administración desleal en la contratación por parte de Caja Segovia de un préstamo con Bankia por valor de 6,8 millones de euros? ¿Incurrieron directivos en un delito de falsedad documental, como se planteó en la denuncia original? ¿Tuvo que ser el banco nacionalizado el que se responsabilizara de la deuda contraída en tierras asturianas por la empresa Navicoas? ¿Qué relación había entre esta compañía, su fiasco urbanístico en Asturias y la Caja? ¿Por qué aprobó la extinta entidad de ahorros, poco antes de su disolución, la operación financiera con Bankia y usó como aval el histórico inmueble y buque insignia de la Obra Social y Cultural, además de otros edificios y bienes?

Durante más de tres años, el procedimiento instruido por el juez ha perseguido las respuestas a estas incógnitas y a otros interrogantes más que han surgido al ritmo que han avanzado las diligencias y se han sucedido los testimonios que han pasado por la sede judicial del paseo de Ezequiel González.

Individualizar investigaciones

El detonante de esta larga y embrollada investigación fue la denuncia interpuesta por once consejeros de la entidad de ahorros contra el que fue presidente, Atilano Soto, y el director general, Fernando Tapias. En sus declaraciones ante el juez, los denunciantes insistieron en que se sintieron «engañados» y «manipulados» cuando se fraguó la operación de la discordia, justo antes de la disolución del órgano de gobierno de la entidad por su integración en Bankia. Esa 'cocina' financiera para solventar la deuda de Navicoas Asturias con Hacienda tuvo lugar entre marzo y julio de 2012.

Tras desestimar en un principio que hubiera falsedad documental, el interés de la investigación ha concentrado el foco hacia la operación urbanística de Navicoas Asturias, empresa que estuvo participada por Caja Segovia. La declaración prevista para mañana a cargo de la Inspección de la Agencia Tributaria de Gijón insiste, precisamente, en esta vía de la investigación y en determinar las responsabilidades individuales de los implicados.

Por su parte, a falta del que se confía sea el último testimonio, la Fiscalía tiene previsto proponer sentar en el banquillo a altos cargos directivos que manejaban el timón de la entidad de ahorros cuando se diseñó y aprobó la operación con Bankia. El ministerio público deduce la posible existencia de indicios de un delito de administración desleal, aunque con matices. Uno es el de la individualización en nombres y apellidos de una imputación que hasta ahora es colectiva. Serían altos cargos del organigrama de gobierno de la Caja en los estertores de ésta los que estarían en la picota.

Por imprudencia

Por otra parte, el planteamiento en el que ha trabajado la Fiscalía contempla el delito por imprudencia y no con el carácter doloso directo. Es decir, que los autores sabían y aceptaban una consecuencia derivada de su actuación. En cierto modo, concuerda con los testimonios vertidos por los consejeros que defendieron el «apremio» de adoptar una decisión ante la encrucijada en la que les había situado la deuda de Navicoas Asturias con el fisco.

El exvicepresidente de la Caja, Manuel Agudíez, aseveró que el consejo que dio luz verde a la operación con Bankia, y que propició el yugo hipotecario que arrastra el Torreón, era «consciente» de lo que había en juego. De no haber tomado esa medida, la entidad hubiera afrontado a una deuda de hasta 90 millones de euros entre sanciones e intereses, añadió Manuel Agudíez en febrero de 2014.

El juez trata de determinar la responsabilidad de quienes eran el presidente del consejo de administración y secretario de Navicoas Óscar Varas (director de Riesgos de la Caja) y Manuel Agudíez, respectivamente cuando Hacienda investigó las cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio 2007.