IU-Equo pide a la Junta que retire los permisos a la planta de compost de Fuentepelayo

José Luis Ordóñez, presidente de la Plataforma No más Mierda, creada en Fuentepelayo para combatir los olores nauseabundos que sufren los vecinos de la comarca, tiene un lema, Esperanza no, persistencia sí. La entidad ciudadana, convertida en asociación para tener capacidad jurídica, celebraá su primera asamblea general el día 30, con el objetivo de que entren los vecinos de los municipios de alrededor. Ordóñez recalca que los malos olores y los riesgos para la salud los padecen también en Aguilafuente, Zarzuela del Monte, Aldea Real... Sitúa el origen de todo en la planta de compostaje de Fuentepelayo y en los «vertidos irregulares» que, desde hace unos cinco años, realiza la empresa en una decena de parcelas, «con residuos orgánicos, líquidos, caramelos, frascos de garbanzos, patas y orejas de ovejas...».

Ordóñez ha encontrado eco a las quejas de los vecinos en José Sarrión, portavoz de Izquierda Unida-Equo en las Cortes de Castilla y León, quien el pasado 15 de diciembre visitó Fuentepelayo y algunas de las parcelas con vertidos, donde comprobó la variedad de restos, «la situación nauseabunda y escandalosa» y vio «a una sociedad preocupada», no solo porque cuando sopla viento o hace calor «la peste de los vertidos lo impregna todo» sino porque se lo dijeron un centenar de vecinos en la plaza del pueblo y lo sintió en persona.

Tensión social

La situación ha generado un tenso clima social en Fuentepelayo. Ordóñez dijo que «impera la ley del silencio», de la agresión a un miembro de la plataforma hace tres semanas, de «intimidaciones», de que «hacen correr bulos interesados sobre apoyos a esta persona de la planta de compostaje, y se menciona a la Guardia Civil», y recalcó que «existe contaminación del aire por polvo orgánico» que produce dolor de cabeza, vómitos y problemas gastrointestinales, y de que «hay que lavar la ropa varias veces», aunque reconoció que «los suponemos, porque no tenemos medios para analizar el aire, el agua y el suelo,y porque la administración no actúa».

Para que actúe ha registrado Sarrión en las Cortes una Proposición No de Ley (PNL), con el apoyo de Podemos, y otras iniciativas parlamentarias. El procurador de IU pide que la Junta retire las autorizaciones a la planta porque «están realizando actividades más allá de para las que tiene licencia», como vertidos «que pueden proceder de hospitales, mataderos, de la industria cárnica y de las depuradores de aguas residuales», y según dijo «se puede estar contaminando el suelo y generar un riesgo futuro para la zona agrícola».

Con estas iniciativas, Sarrión solicita a la Consejería de Agricultura y Ganadería que revise el pago de una subvención de 190.100 euros concedida a la empresa y que, con la Consejería de Sanidad, elabore un informe sobre los riesgos para la salud derivados de las posibles «malas prácticas» en el tratamiento de residuos. Ordóñez incidió en que llegan al pueblo hasta 35 camiones al día, y cifró en alrededor de 6.000 toneladas los vertidos realizados en los últimos años en las tierras.