Dos dominicanos, cazados en San Rafael con 5,3 kilos de cocaína, se enfrentan a 8 años de cárcel

La Fiscalía de Segovia pide ocho años de prisión para dos hombres interceptados por la Guardia Civil el 14 de mayo del año pasado en la autopista AP-6, a la altura de San Rafael. Los detenidos llevaban 5,3 kilos de cocaína ocultos en el techo del vehículo en el que viajaban. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial el próximo 10 de marzo y, aparte de los acusados, están llamados a declarar diez testigos y un perito.

J. R. T. R. y J. J. M. S., de 25 y 42 años, dominicanos residentes en la localidad madrileña de Parla, habían adquirido la droga en Madrid y pensaban trasladarla al norte de España para entregársela a un tercero, que se encargaría de la posterior distribución y venta, según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito. Eran las cinco de la madrugada y circulaban en un vehículo propiedad del primero en dirección La Coruña cuando se toparon con el control preventivo de tráfico y antidroga en el que descubrió la cocaína.

Los agentes, pertenecientes a los puestos de El Espinar, Villacastín y Otero de Herreros, contaban aquella noche con la ayuda de Nico, un perro detector de drogas que fue el que les indicó la localización de la sustancia ilegal en techo del coche. Después de desmontar los plafones de las luces interiores se halló la cocaína repartida en seis paquetes. Los acusados portaban además cinco teléfonos móviles «empleados en la actividad del transporte y comercio de la cocaína», así como 355 euros «que eran fruto de dicha actividad», añade la Fiscalía en su escrito.

69.000 euros en el mercado

La sustancia intervenida 5,363 kilogramos en total arrojó en los análisis una pureza de entre el 23,5% y el 24,2%, «lo que supone 1,284 kilos puros de cocaína». En este sentido, «con un porcentaje medio de pureza del 23,9 por ciento», en el mercado ilícito se calcula que la droga habría alcanzado un valor de 68.803,88 euros.

Los hechos relatados son legalmente constitutivos de un delito contra la salud pública y la Fiscalía considera que, aparte de la pena de ocho años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, procede imponerles una multa de 137.607,76 euros, el doble del valor de la sustancia intervenida. No obstante, en caso de impago derivaría en otros ocho meses de prisión, según recoge la agencia Ical.