La Junta lleva el conflicto del Peñascal al juzgado y a la Inspección del Estado
La empresa Inporman ha presentado una factura en la que reclama más de 100.000 euros por las últimas obras ejecutadas
ana nuin
Domingo, 8 de febrero 2015, 12:12
Lejos de resolverse, el conflicto por las obras del pabellón polideportivo del colegio El Peñascal acabará finalmente en los tribunales. La Junta de Castilla y León, que ya ha puesto la situación en conocimiento de la Inspección de Trabajo del Estado, remitirá un escrito al juez decano de Segovia para que se determine si la actuación de Inporman puede incurrir en responsabilidad civil o penal, según anuncia el delegado territorial, Javier López-Escobar.
Mientras los chavales del Peñascal siguen sin polideportivo y conviviendo con las molestias de unas obras que reducen a la mínima expresión el patio de recreo, la tortuosa relación entre la administración contratante y la adjudicataria sigue acumulando conflictos. La empresa, que «aparece y desaparece, ya que estos días ha vuelto para instalar perfiles de aluminio», según explica López-Escobar, reclama ahora a la Administración regional más de 100.000 euros por las últimas obras ejecutadas.
El concepto que aparece es el de certificación de obra número 16 la 15 está sin pagar porque la constructora no la ha devuelto firmada, indica el delegado territorial, quien recuerda que la empresa fue requerida para que cesara la obra después de que se hubieran constatado irregularidades «serias» en los últimos trabajos acometidos, desarrollados pese al informe en contra emitido por la dirección facultativa por un incumplimiento de los requisitos tanto de seguridad como de salud.Además, subraya, es la dirección facultativa de la la obra, y no la empresa, la que, con carácter mensual, remite las facturas de las certificaciones de obra.
Así las cosas, López-Escobar niega que la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia «hayan pactado no seguir pagando certificaciones de obra a Inporman, para que esta a su vez no pueda pagar las subcontratas de obra, quedando así doblemente paralizadas la obra, por la inseguridad jurídica de los subcontratistas y por parte de la dirección facultativa ( Junta de Castilla y León ) de no autorizar las obras», como apunta en las redes sociales Javier Arranz, en la actualidad edil no adscrito tras su salida del equipo de Gobierno al sentirse desautorizado como concejal de Deportes respecto al proyecto de construcción del polideportivo.
Arranz: «Junta y Ayuntamiento están en connivencia para retrasar la obra al menos un año»
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Mientras arrecia el conflicto por unas obras que han estado gafadas desde su inicio, en diciembre de 2010, Javier Arranz sigue desarrollando en Facebook su teoría sobre «el tripartito oscuro de PP, PSOE e IU en el Ayuntamiento de Segovia». Un pacto que, según afirma, estaría fundamentado «en la sumisión al retraso, paralización y mala gestión del pabellón del Peñascal del PP en la Junta de Castilla y León por parte de PSOE e Izquierda Unida, a cambio de la gobernabilidad de PSOE e IU en el Ayuntamiento».
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Tras recordar que la empresa recibió el 29 de diciembre una resolución de la Junta en la que se declara la improcedencia de continuar con las obras «mientras no se cumplan con los requisitos de seguridad que, curiosamente, el problema es la ubicación de las casetas, a las que no aporta la Junta ninguna solución cuando fue la que obligó al cambio», el concejal asegura que, a día de hoy, Inporman «tiene el aluminio fabricado para los lucernarios, esta todo el panel de la fachada acopiado para instalar, y el pavimento de PVC de la cancha se instalaría en una semana, al igual que el terrazo». Según Javier Arranz, «se puede afirmar rotundamente» que el pabellón estaría acabado en mes y medio, «y en dos meses inaugurado y libre al uso para escolares y vecinos».
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Desde este planteamiento, insiste en que «Junta y Ayuntamiento están en connivencia para retrasar como mínimo un año las obras del pabellón, además de permitir que la empresa y las subcontratas no cobren las últimas obras, siendo el único responsable el delegado territorial de la Junta en Segovia».
«La Junta y el Ayuntamiento no pueden pactar nada en relación al pago de las obras porque, para empezar, la institución local no es contratante», afirma el máximo representante del Gobierno regional en Segovia, quien recuerda, además, el procedimiento que tiene que seguir el pago de certificaciones, que debe ser autorizado por Intervención.
Mientras tanto, la Junta sigue con el proceso para resolver el actual contrato y agilizar al máximo la nueva adjudicación, por un procedimiento urgente, negociado y sin publicidad. La rescisión del contrato está a la espera del informe del Consejo Consultivo.
