Una sentencia, dos interpretaciones

El equipo de gobierno de la Diputación y la oposición socialista han sacado conclusiones diametralmente opuestas de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Segovia que declara no ajustado a derecho el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Maderuelo por el que se le concedía una ayuda de 8.000 euros para redactar el proyecto de mejora de una carretera de titularidad local. El juez ha estimado el recurso interpuesto por el PSOE porque se obviaron dos informes vinculantes sobre duplicidades y sostenibilidad financiera.

El portavoz socialista, José Luis Aceves, y el viceportavoz segundo del grupo, Jesús Bravo, consideran que el juzgado ha dado «un varapalo al PP en la Diputación». Justo lo contrario de lo que opinan los populares, que muestran su satisfacción porque entienden que la resolución judicial «reconoce la competencia de la Diputación para auxiliar a los municipios de la provincia».

Los representantes socialistas desvelaron por la mañana el contenido de la sentencia, emitida cinco meses después de que la oposición advirtiera en el pleno sobre «las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Maderuelo, que pidió una ayuda para construir un centro de interpretación y terminó abriendo con la subvención un restaurante sin los permisos necesarios, lo que el PP en la Diputación obvió», reiteró ayer Aceves.

«Después realizamos recursos de reposición ante el pleno, reiterando nuestra información, pero el presidente de la Diputación (Francisco Vázquez) no quiso hacer nada, ni quiso reconocer el terrible error que cometían, por lo que exijo que públicamente lo reconozca ahora, ofrezca explicaciones y pida disculpas a los segovianos», señaló el portavoz socialista, quien entiende que «la cerrazón de la Diputación con esta subvención, aparte de sembrar un precedente por el cual cualquier ayuntamiento podría pedir una subvención para financiar cualquier proyecto aunque no sea de su competencia o titularidad la infraestructura a desarrollar, supone un hecho en sí muy grave, ya que se financia una actuación para una carretera que no es de titularidad local interfiriendo las competencias de otra administración».

Muy distinta es la lectura que hace el PP en la Diputación. Horas después de que los socialistas hicieran su valoración, el equipo de gobierno, a través de un comunicado, señaló que acata la sentencia, que no puede ser recurrida «ante la escasa cuantía del pleito en litigio», y mostró su satisfacción «porque el fallo no cuestiona el asunto de fondo, pues reconoce la capacidad que la institución tiene de colaborar con los ayuntamientos que se lo soliciten».

«La Diputación no incumple el artículo 36.1.b de la ley de bases de régimen local, dado que se trata de una competencia propia, auxilio a un municipio, sin que se requiera que la actividad colaborativa sea para el ejercicio de competencias propias dice la sentencia en sus fundamentos de derecho, sino que la competencia propia de la Diputación permite el auxilio para actividades que supongan un beneficio para el municipio, como ocurre en el presente caso, en el que se produce un beneficio para los ciudadanos de Maderuelo, para el municipio y para el resto de visitantes de dicha localidad, dado que una mejora en las infraestructuras es siempre un valor para una mayor afluencia de turistas y visitantes», afirman los populares.

La falta de dos informes que establece el fallo del Juzgado de lo Contencioso sería «un asunto meramente formal», por lo que «se trata de una cuestión totalmente subsanable» si el Ayuntamiento de Maderuelo solicita a la Junta de Castilla y León «la redacción de esos dos informes sobre la existencia de duplicidades y sobre la sostenibilidad financiera», añaden. El equipo de gobierno insiste en que la resolución «no viene sino a reafirmar el compromiso de la Diputación con los ayuntamientos que le soliciten colaboración para atender las necesidades que les planteen».