IU eleva al Procurador del Común la queja sobre los comedores escolares
El coordinador provincial de Izquierda Unida lamenta que no se haya consultado antes a la comunidad educativa sobre la concesión
C. B. E.
Miércoles, 16 de julio 2014, 12:04
Izquierda Unida ha trasladado al Procurador del Común las quejas que afloran en torno a la concesión del servicio de comedores escolares en la provincia. El coordinador provincial de la coalición, José Ángel Frías, se reunió ayer con la representante de la figura que actúa como defensor del pueblo en la comunidad autónoma para reivindicar más transparencia pública y una mayor participación de la comunidad educativa en el proceso de adjudicación de la prestación. A su juicio, el pliego de condiciones publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) en el que la Consejería de Educación informa del procedimiento de concesión y gestión «es muy genérico».
Priorizar la conciliación, pero no a coste de una mala comida
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El coordinador provincial de IU aplica una regla de tres. El coste real del menú, que superaría los 6 euros, no le sale a cuenta a hogares «mileuristas» que acuden al servicio de comedor escolar para conciliar la vida familiar y laboral. Así que -concluye- «no se trata de priorizar la conciliación a coste de una mala comida».
José Ángel Frías insiste en recriminar a la Administración regional que no haya contado ni haya informado con anterioridad a los consejos escolares o claustros de los centros para conocer su opinión y recabar sus sugerencias. «En el fondo les están engañando», piensa el coordinador de IU en Segovia, cuya reclamación colisiona con la normativa vigente que regula las adjudicaciones y concesiones, según le ha hecho saber la representante del Procurador del Común. La legislación «impide cualquier otra prestación de servicios», ha extraído el responsable de IU en la provincia después de ese encuentro.
Buscar una «grieta legal»
El coordinador advierte de que las protestas y la beligerancia de su formación en favor de la calidad del servicio de los comedores escolares no van a parar. «Vamos a ser combativos y a dar guerra», avisa. Al mismo tiempo, vaticina que su formación buscará «una grieta legal» que contrarreste «la apariencia de legalidad de la concesión». Para Frías, esa generalidad del texto publicado por el Bocyl hace unos días encierra otros intereses. Para empezar la lista de dudas que le suscita el procedimiento, cita el precio. A su juicio, los más de 9 millones del importe global de la concesión de la explotación de los comedores es «desproporcionado». A partir de ahí, el responsable provincial de la coalición de izquierdas calcula que el coste real de los menús rondaría e incluso superaría los 6 euros. Un coste que es «inasumible» para muchas familias, argumenta en detrimento del sistema de concesión de un servicio «en el que no están reflejadas ni la cantidad ni la calidad de la comida».
