Atilano Soto se siente víctima de un «conciliábulo diabólico»

Nuevo episodio a la puerta del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital, en esta ocasión con la declaración ante el juez de los máximos responsables que Caja Segovia tuvo antes de su extinción: el presidente, Atilano Soto, y el director general, Fernando Tapias. Ambos, imputados por el llamado caso Navicoas a causa de un presunto delito societario, dejaron claro que no les quedó otra opción que hipotecar el Torreón de Lozoya para amortiguar la deuda tributaria derivada de una fallida operación inmobiliario-especulativa en Asturias.

Ni Soto ni Tapias hicieron declaraciones al abandonar el juzgado. El expresidente de la desaparecida entidad de ahorros segoviana balbuceó unas palabras ante los micrófonos y según huía de los periodistas para ratificarse en su «absoluta inocencia» y culpar de todos sus males a un «conciliábulo diabólico» al que ya se había referido en otra ocasión. La portavocía de los dirigentes imputados la ejerció, pues, uno de los abogados, Joaquín Rodríguez, que justificó la hipoteca que pesa sobre el Torreón de Lozoya «porque a Caja Segovia no le quedaba otra posibilidad».

Como se recordará, en julio de 2012, el consejo de administración de Caja Segovia aprobó pedir un crédito al Banco Financiero y de Ahorro (BFA)-Bankia para hacer frente a la deuda tributaria adquirida por la sociedad Navicoas, después de un fiasco urbanístico ocurrido a raíz de una fallida operación en Asturias. (Navicoas formaba parte del traspaso del negocio financiero a Bankia en el ámbito del proceso de integración).

El letrado de Soto y Tapias explicó así las razones que movieron a Caja Segovia a hipotecar el Torreón de Lozoya: «La Agencia Tributaria inspeccionó Navicoas, pero Caja Segovia no tuvo conocimiento de ellos porque su participación en Navicoas, a esas alturas, estaba ya transferida a Bankia. Además, después de su integración en Bankia, Caja Segovia no tenía asesoría jurídica ni fiscal y, por ende, capacidad para intervenir con seriedad y pudiendo ejercer su defensa. Y es Bankia precisamente la que traslada a Caja Segovia las salidas que existen para hacer frente a la deuda tributaria derivada de la inspección: la primera, que no se llegue a un acuerdo, lo que supondría pagar 64 millones de euros;la segunda, que se llegue al acuerdo y el desembolso pudiera ser de 36 millones; y la tercera, que fuera más allá de la mera conformidad y conllevara el pago de 6,7 millones de euros. Y, además, Bankia comunica a la Caja que es ella la que debe asumir la deuda. Caja Segovia, por su parte, entiende los escenarios, pero discute que la responsabilidad sea suya. Es más, pide un informe que le asegura que la responsabilidad es de Bankia. Por su parte, Bankia apremia porque, si no se llega a un acuerdo, la Agencia Tributaria acabará cargando a aja Segovia los 64 millones de euros. Llegado este punto, el consejo de administración de Caja Segovia acuerda pedir el préstamo a Bankia, que ofrece buenas condiciones, y mientras tanto seguir discutiendo sobre la responsabilidad. Se pide un nuevo informe y este concluye que la responsabilidad es de Caja Segovia, exactamente lo mismo que otro informe que acaba emitiendo el Banco de España. Por tanto, no sé qué se está discutiendo aquí. Me gustaría saber qué hubiera pasado si Caja Segovia dice que no quiere saber nada y la Agencia Tributaria acaba derivándole la deuda de 64 millones de euros».

El caso es que, según el abogado de Soto y Tapias, se acordó pedir un préstamo para hacer frente a esos 6,7 millones que representaban el mal menor y, claro, el préstamo exige unas garantías. Y ahí entra en juego el Torreón de Lozoya. «El Torreón no se hipoteca por capricho, o porque le guste a Atilano Soto; el Torreón se hipoteca porque no hay otra opción. Y tampoco esto se oculta a los consejeros, como se ha dicho. Pero lo considero algo irrelevante porque el Torreón es un bien inmueble y no se va a mover de Segovia. Tampoco entiendo, pues, el revuelo que esto ha generado. Pero que quede claro: hipotecar el Torreón no se ocultó ni fue un capricho, sino una necesidad», afirmó Joaquín Rodríguez.

En este sentido, pues, fueron las declaraciones de Soto y Tapias ante el juez. «Bankia era el jefe, entre comillas, y el asesor fiscal y jurídico de Caja Segovia, que es quien por definición se tenía que fiar Caja Segovia», subrayó el letrado.

El mal menor

Muy distinta es la opinión del abogado de UPyD, Andrés Herzog, que incluso negó la existencia de un informe del Banco de España que atribuya la responsabilidad de Navicoas a Caja Segovia. «En la declaración ha quedado clarísimo que solo había un informe jurídico encargado por Caja Segovia que atribuía a Bankia la responsabilidad de la deuda. Luego había otros informes encargados por el BFA que decían lo contrario porque defendían los intereses de Bankia. Las defensas siguen insistiendo en las tesis del mal menor, pero ese mal menor realmente correspondía a Bankia, porque no hay ningún dato que avale que si Caja Segovia se hubiera negado, Bankia no hubiera firmado en conformidad», subrayó Herzog.

Según el abogado de UPyD, Caja Segovia debería haberse plantado y negarse a asumir la deuda para que hubiera sido Bankia quien decidiera si firmaba en conformidad o disconformidad. «En cambio prosiguió Herzog fue Caja Segovia la que asumió la deuda. ¿Por qué lo hizo? Evidentemente, para proteger a sus consejeros de responsabilidades económicas e incluso penales, pues tenían una responsabilidad como administradores de derecho, no de hecho, y esa responsabilidad de los consejeros era anterior a la de la propia Caja Segovia».

El letrado, que salió esperanzado de la declaración porque el juez fue «muy incisivo» en las preguntas dirigidas a Atilano Soto, afirmó que Caja Segovia tenía el deber y la obligación de contar con su propio asesoramiento «y no creerse todo lo que le contaba Bankia. Es muy llamativo que Atilano Soto insista tanto en decir que Bankia era el jefe, el amo, cuando el amo era la Caja».