Más de 1.500 alegaciones rechazan la supresión de las caceras de Segovia
La abogada Pilar Esquinas cree que la Confederación Hidrográfica del Duero ha incurrido una irregularidad «muy grave» al no haber actuado con transparencia
La rebelión vecinal contra la decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) persiste en los municipios del alfoz de Segovia. «No se trata solo de los regantes, sino de todos los habitantes», advierte la abogada experta en contenciosos del agua, Pilar Esquinas. La noble junta de Cabezuelas ha celebrado un nuevo encuentro para recopilar información sobre cómo puede afectar la medida del ente estatal. Esta vez, al sesión tuvo lugar en Trescasas. La letrada señala que el «interés va en aumento». A esta asamblea asistieron, entre otros, concejales, diputados provinciales y alcaldes.
Esquinas agrega que hasta ahora «en los ayuntamientos existe mucho desconocimiento» sobre los asuntos que afectan a los recursos hídricos y a la normativa que los rige. Apunta que en España solo hay cinco abogados que se dedican de manera especializada al tema del agua. En esta reunión, la experta insistió en que «la Confederación Hidrográfica del Duero ha sembrado una falta de seguridad jurídica» en torno al expediente por el que decreta la supresión de las concesiones de las caceras del Cambrones y de Navalcaz.
La letrada argumenta que la entidad reguladora de cuenca «ha actuado sin ninguna transparencia» y le recrimina que «no ha dado a conocer el expediente». Pilar Esquinas considera que el comportamiento de la CHD incurre en una «irregularidad muy grave».
Sin trámite previo de sanción
Es más, expone que, si se ha de proceder a la extinción de ambas concesiones históricas, el organismo tenía que haber incoado antes el trámite de sanción para que los afectados pudieran haber registrado sus pertinentes alegaciones. Este paso no se ha producido, insiste.
La abogada revela que hace unos días terminó el plazo establecido en el procedimiento abierto por la confederación para presentar las correspondientes alegaciones a la extinción de la concesión. En total, entre colectivas e individuales, Esquinas calcula que se han interpuesto unas 1.500, aunque pueden ser más, ya que el modelo de alegación se distribuyó en redes sociales.
