El PP reclama la elaboración de un mapa de barreras arquitectónicas en Ciudad Rodrigo
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Critica que de los 25.000 euros presupuestados para el denominado urbanismo de proximidad se han ejecutado unos 2.500SILVIA G. ROJO
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Viernes, 21 de diciembre 2018, 12:34
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El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo va cerrando el ejercicio y en la comisión de Economía y Hacienda celebrada ayer se dio cuenta de algunas de las modificaciones de crédito o minoración de otros que se van a llevar para su aprobación al pleno municipal del 27 de diciembre.
Entre esas partidas que se minoran aparece la relativa a la eliminación de barreras arquitectónicas para la que se habían presupuestado 25.000 euros este ejercicio y según el Grupo Municipal Popular se han gastado unos 2.500 euros.
«Nos llama la atención que no se haya optado por la eliminación de barreras arquitectónicas cuando parecía una prioridad y en los diferentes debates siempre se hablaba de esa eliminación», manifestó el portavoz, Marcos Iglesias.
Recordó el edil que en septiembre de 2015, algunos concejales recorrieron la localidad en una silla de ruedas para experimentar en primera personas cómo se transita en una silla de ruedas. «Con eso se iba a elaborar un mapa, pero va a quedar en nada»; por eso la reivindicación de su grupo es que se insista en esa idea y que «la eliminación de las barreras arquitectónicas no solo sea un eslogan político sino que hay que ir a lo urgente y a lo prioritario, al urbanismo de proximidad».
Se refirió a otras actuaciones que se han llevado a cabo en materia de movilidad como los aparcabicis que «han dado muchos problemas».
En esa comisión se trataron otra serie de cuestiones, una de ellas de plena actualidad durante los últimos días, como el informe del Consejo Consultivo de Castilla y León que declara la nulidad de tres licencias de tanatorio-velatorio-crematorio.
En este sentido, Marcos Iglesias reconoció que su partido todavía no ha tomado una decisión al respecto sobre lo que votará en el pleno, «lo estudiaremos» pues, según argumentó, hay cuestiones que les generan dudas legales como, por ejemplo, si ese informe es vinculante o habilitante, es decir, si el Consistorio está en la obligación de asumirlo. «En cualquier caso, parece que la postura del equipo de Gobierno va a ser la de aceptarlo».
En palabras del portavoz popular, la problemática se remonta a otra licencia concedida en el año 2014 y que «no se tenía que haber otorgado», y de hecho está anulada por sentencia judicial. En su opinión, «todo este tema se ha planteado de manera equivocada».
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