Piden cuatro años y medio de prisión para un ‘hacker’ acusado de falsificar sus notas universitarias

La Fiscalía de Salamanca ha solicitado una pena de cuatro años y medio de cárcel para un joven estudiante de la Universidad de Salamanca que supuestamente modificó sus calificaciones entre 2007 y 2012 por medios informáticos, por lo que le acusan de intrusismo informático y falsificación.

Durante el juicio que se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número uno de Salamanca, el joven vallisoletano y estudiante en la capital salmantina proclamó su inocencia y explicó que en aquellos años «no tenía los conocimientos necesarios para modificar» las notas. Además, en su declaración, y ante las preguntas de la Fiscalía, A.G.I., de 29 años, aseguró que es la Universidad de Salamanca la que «tiene en su mano ver quién lo ha hecho».

Tanto la Fiscalía como la acusación particular le acusan de un delito de intrusismo informático y otro de falsificación de documento oficial al modificar sus notas entre los años 2007 y 2012.

Para justificar su declaración de inocencia, el joven informático explicó que en ningún momento denunció que esas notas no correspondían a las reales porque creyó que se le había agregado «trabajos o faltas».

Frente a ello, la acusación particular presentó una entrevista que le realizó un periódico regional en el año 2012 en la que se presentaba como un avezado informático e, incluso, reconocía que había impartido «multitud de cursos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a profesores de educación pública de España e incluso he aportado informes para obtener la IP de los servidores que alojan contenidos de pederastia», recoge Efe.

Además, durante la vista oral se presentaron ejemplos de la modificación de sus notas, como en la asignatura de Informática y Automática, en la que obtuvo una calificación de 0,2, pero una hora después de subir su nota a la plataforma informática de la Usal se cambió por un 5,2.

Tras la celebración del juicio, el Ministerio Fiscal mantuvo la petición de cuatro años y seis meses de prisión por «haber quedado patente la culpabilidad del acusado», mientras que la acusación particular pide la misma pena pero ha asumido que «no se puede probar el delito con pruebas físicas». La defensa considera que no se han aportado pruebas ni informes periciales suficientes y pidió la libre absolución.