Cuatro o cinco personas demandarán morir por eutanasia a la semana en Castilla y León

La aprobación de esta histórica Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) coincide con los 36 años de la puesta en marcha de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), una organización referencia en la defensa de su despenalización. El logro de este derecho es «un trabajo de la ciudadanía», afirmó ayer Fernando Sanz, portavoz de DMD de Salamanca. En estos años, explicó, «el parecer de la ciudadanía respecto a la eutanasia ha variado radicalmente y los últimos estudios sociométricos hablan de más de un 80% de la población que está de acuerdo». Pese a que el 87% de la ciudadanía se manifiesta a favor de que se legalice la eutanasia, hasta ahora está recogida en el Código Penal como un delito. «Es un clamor que no se percibe como tal, porque hablar de la muerte es voz alta sigue resultando complicado», indicó.

Esta Ley lo que va a hacer «es fundar un derecho, regularlo con el máximo de garantías que existe en la legislación internacional», explicó. Y paralelamente, añadió, «teniendo en cuenta el sistema sanitario que tenemos, eso implica la implementación de la prestación de ayuda a morir como un servicio más de la cartera de servicios del Sistema de Salud».

Para DMD es un «momento de alegría» y se muestran «satisfechos de que sociedad haya madurado». Sin embargo, a partir de ahora «se inicia un época de trabajo que nos parece vertiginosa». Y es que, explicó Fernando Sanz, la Ley entrará en vigor a los tres meses de su promulgación -la eutanasia dejará de ser delito- y «antes de los tres meses posteriores, es decir, antes de seis meses, tienen que estar constituidas las comisiones de garantías, que son autonómicas y que tienen sus dificultades» y «necesitan una normativa que elaborará el Consejo Interterritorial». Además las comunidades tienen que «implementar la construcción de un nuevo servicio, la distribución de medicamentos que ahora no se distribuyen, la formación de los profesionales y todo el trabajo de clarificación que implica llevar una ley a la práctica habitual». Todo esto se tienen que realizar «en un momento en el que el sistema sanitario está cuando menos tenso», pero «hay trabajo por hacer y lo haremos con ilusión». Es «un máximo de seis meses para atender la primera demanda de eutanasia, lo que supone que esos seis meses serán de trabajo intenso».

La Ley regula el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario; para ello, «tiene que haber un registro para que la Administración pueda organizar la prestación». Este asunto preocupa a DMD, porque «se entiende que sea por opción ideológica, pero puede haber otras razones por las que los profesionales pueden evitar participar en la prestación», por eso, «es muy importante empezar cuanto antes el proceso de formación de profesionales para garantizar que haya suficiente gente en condiciones de asumir las demandas que puedan surgir».

En cuanto a dicha demanda, Sanz afirma que «estamos ante una novedad» y pone el ejemplo de Holanda, donde después de muchos años, «aproximadamente un 4% de los fallecimientos son por eutanasia», pero el primer año fue «de algo más del 1%», porque «la ley sigue creciendo a medida que demanda la sociedad».

Según las previsiones y basándose en cómo empezaron otros países cuando legislaron la eutanasia, estiman que en Castilla y León «habría en los primeros años del orden de cuatro o cinco demandas semanales»; en Salamanca podría ser de una a la semana o cada 15 días. Las demandas las recibe un médico, pero «antes de llevarla a cabo tiene que sujetarse a la decisión de una comisión de evaluación autonómica».