Los expertos celebran la nueva protección de las víctimas de violencia de género

«Hay que saber de verdad qué lo que necesita y lo que requiere la víctima, hay que hacer victimalogía y dejarse de victimagogia». Carmen Herrero, profesora titular del departamento de Psicología Social de la Universidad de Salamanca, definió así la esencia de la jornada celebrada ayer en colegio Arzobispo Fonseca. Organizada por la asociación Beatriz de Suabia en torno a los actos del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, este encuentro de profesionales se centró en el análisis del nuevo Estatuto de la Víctima del Delito, ley publicada en abril y que ha entrado en vigor hace apenas un mes, que aglutina en un solo texto legislativo el catálogo general de derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas, en general, de delitos, trasponiendo las Directivas de la Unión Europea en la materia.

Una norma que, en el caso concreto de la violencia de género, supone cambiar concepciones arraigadas en el imaginario colectivo, aparte de otorgar a las víctimas derechos específicos, como la evaluación individual de cada caso, para determinar sus necesidades especiales de protección.

En un momento en el que los casos de muertes por violencia de género se suceden, muchos de ellos sin que existiera denuncia previa, Carmen Herrero explicó que el proceso cognitivo y afectivo por el que pasa una víctima a la hora de tomar la decisión de denunciar es largo y complicado. Y es que muchas de ellas «ni siquiera se plantean los hechos como delito». De hecho, «el 45% de la víctimas no denuncian porque consideran que lo que sufren no es ni grave ni suficiente como acudir las instancias legales» y muchas de ellas acuden a la justicia sin intención de que el agresor acabe en la cárcel, «sólo buscando que la situación de violencia acabe». El conocido «que le den una lección» que tantas víctimas solicitan.

Así, es esencial, como decíamos, que la víctima etiquete los hechos como delitos, valore la gravedad de lo que sufre y, a partir de ahí, piense qué pasos dar. Aquí juega un papel esencial el entorno cercano de la víctima. Sorprenden, en este sentido, los datos que aseguran que el 25% de la población conoce a una mujer en su círculo más o menos cercano que ha sufrido violencia de género. Lejos de culpabilidades y de condenas, la psicóloga de la Usal alentó a fomentar la educación de la población para que los ciudadanos sepan actuar en situaciones así. «Todos somos los encargados de abrir las puertas del sistema legal», afirmó.

Una vez conocido por qué cuesta tanto a muchas mujeres tomar la decisión de pedir ayuda, Carmen Herrero, se centró en las necesidades de las víctimas, qué es lo que esperan y que es lo que encuentran. En este sentido, es determinante el nuevo estatuto que habla específicamente de medidas de protección específicas destinadas a evitar la victimización secundaria y que refuerza la protección de los hijos de las víctimas en el marco de la orden de protección, al prever que el juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas de guardia y custodia, visitas, etcétera. En la actualidad, el juez sólo puede adoptar las medidas civiles de la orden de protección si lo solicitan la víctima, su representante legal o el fiscal.

Sobre la implicación de los menores en el nuevo Estatuto versó otra de las conferencias de esta jornada organizada por Beatriz de Suabia. Fue la ofrecida por el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, Lorenzo Bujosa. En resumen, esta norma visibiliza a los menores como víctimas que se encuentran en un entorno de violencia de género, para garantizarles el acceso a los servicios de asistencia y apoyo, así como la adopción de medidas de protección, para facilitar su recuperación integral.

Por su parte, la tercera interviniente de la mañana fue Marta Rojo, fiscal delegada de Víctimas de la Fiscalía Provincial de Burgos. Esta última aprovechó su intervención para «sintetizar las bonanzas del Estatuto» que estructuró en cuatro bloques principales: el derecho a la información, el derecho al apoyo y asistencia, el derecho a la protección y el derecho a la participación en el proceso penal «si fuese voluntad de la víctima».

Además, Rojo destacó «la aplicación práctica» del nuevo Estatuto para la Fiscalía y el cumplimiento del objetivo de «aglutinar normativa de protección de víctimas» que, según la fiscal delegada de Víctimas de Burgos, «estaba desmembrada en otra legislación», considerando así al Estatuto «una transposición de la normativa comunitaria muy completa y beneficiosa».

Presencia institucional

La jornada fue inaugurada por la directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León, Esperanza Vázquez, quien defendió el nuevo documento como un «avance que amplía los derechos de las víctimas de esta lacra». Vázquez señaló que el nuevo Estatuto «persigue la filosofía del modelo de la Junta» de garantizar «no solo derechos procesales, sino fuera del ámbito penal» y que así, cuando la víctima «decida denunciar», desde las instituciones «se la pueda acompañar y atender en todo momento que necesite para que puedan salir, recuperarse y reintegrarse en la sociedad».

La directora general de la Mujer ofreció, en ese sentido, el apoyo de la Junta al ámbito judicial para «detectar y actuar rápidamente y evitar así que haya más víctimas de violencia de género». En la persecución de ese objetivo, Vázquez también destacó que «no solo la atención es importante» y afirmó que «es muy importante trabajar desde la raíz» porque con ello se puede «avanzar en erradicar esa violencia» con la educación «en igualdad y respeto» de jóvenes y adolescentes.

Esta cita fue inaugurada, además de por Vázquez, por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Diputación provincial, Javier Iglesias, y la diputada provincial de Servicios Sociales y presidenta de la asociación organizadora, Eva Picado. Desde Beatriz de Suabia se afirmó al inicio de la jornada que no era día de cifras, «sino de testimonios», los de todas aquellas mujeres que han pasado por su casa de acogida y que han logrado salir adelante y superar la violencia de género y el estigma de la victimización.