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Imágenes de la última manifestación convocada por las asociaciones del barrio, en el mes de julio, tras otro tiroteo producido a causa del narcotráfico. En esa manifestación se dieron cita representantes políticos de todos los partidos que mostraron su disposición a buscar soluciones.

La oposición se une para exigir soluciones reales a la problemática de Buenos Aires

La nueva convocatoria de la comisión de trabajo lleva dos meses y medio de retraso

Cecilia Hernández

Jueves, 19 de noviembre 2015, 13:00

Los tres grupos políticos en la oposición del Ayuntamiento de Salamanca, PSOE, Ciudadanos y Ganemos, unieron fuerzas ayer para denunciar el «olvido» al que, a su juicio, el equipo de Gobierno ha condenado al barrio de Buenos Aires. Y es que desde el 3 de septiembre está pendiente la convocatoria de una nueva sesión de la comisión municipal que se creó en aquel momento para tratar de buscar vías de salida a la problemática del barrio.

El nuevo capítulo de esta historia comenzó el pasado verano, con un tiroteo que despertó conciencias y sensibilidades y atrajo otra vez la atención mediática hacia esta castigada zona de la capital. Los vecinos, por aquel entonces, reanudaron sus movilizaciones y políticos de uno y otro signo se conjuraron para arrimar fuerzas y luchar por dar una salida a los habitantes normalizados del barrio. Así, el 31 de julio se aprobó, en el último pleno antes de las vacaciones, una moción conjunta por la que se creaba esa comisión especial, que se reunió por primera vez recién terminado el mes de agosto, en los primeros días de septiembre. En aquel encuentro se acordaron varios itinerarios de trabajo, sobre los que se actuaría y de los que se informaría en la siguiente reunión, a celebrar, en teoría, un mes después. Pero el tiempo ha transcurrido y no ha vuelto a haber noticias acerca de la comisión y de las gestiones realizadas.

Por ello, las concejalas Maribel Campo (PSOE), Agustina Martín (Ciudadanos) y Pilar Moreno (Ganemos), representantes de cada uno de sus grupos en la comisión de Bienestar Social y en esa comisión especial sobre Buenos Aires, comparecieron ayer públicamente para afear al equipo de Gobierno su «inoperancia» sobre esta cuestión. Circunstancia que, aseguraron, llevan tiempo denunciando en la comisión de Bienestar Social ante la concejala delegada de la materia, Cristina Klimowitz.

De hecho, la unión de fuerzas de la oposición ha surgido a raíz de una carta que los vecinos de Buenos Aires remitieron a Klimowitz con fecha de 3 de noviembre. «En la comisión del día 11 preguntamos a la concejala sobre este tema y nos dijo que no había tenido contacto con los vecinos, otra vez nos dio largas y además nos mintió, porque los vecinos sí que se habían puesto en contacto con ella», afirmó Pilar Moreno. Esos mismos vecinos, ante la falta de respuesta del PP, llamaron a la puerta de los grupos en la oposición, con quienes mantuvieron una reunión esta misma semana.

Este silencio por parte del equipo de Gobierno fue confirmado también por Emiliano Tapia, párroco de Buenos Aires y coordinador de Asdecoba. «Dos meses después de la comisión escribimos a la concejala para que cumpliera con el compromiso pero no recibimos respuesta», manifestó Tapia, convencido de que nadie en el Ayuntamiento quiere «mover ficha» hasta que no pasen las elecciones generales del 20 de diciembre. «¿Para qué sirven las fotos y las reuniones si los compromisos no se llevan a cabo?», inquirió el párroco. Y es que desde febrero de 2014, cuando se produjo la reunión de Ayuntamiento, Subdelegación del Gobierno y Junta de Castilla y León con los vecinos, han pasado casi dos años de inacción, al menos a ojos de los afectados, que viven cada día situaciones de acoso y violencia.

18.000 euros

«Es evidente que las familias normalizadas que ahora mismo residen en Buenos Aires lo hacen porque no tienen otra salida». Maribel Campo, concejala del Grupo Municipal Socialista, aportó asimismo un dato esclarecedor: el precio del último piso vendido en Buenos Aires fue de 18.000 euros. Cifra que da buena cuenta por sí sola de la situación del barrio. Una zona que «es ciudad de Salamanca» y en la que, en opinión de la socialista, «no se han puesto cortapisas a lo que está pasando», de modo que la vida diaria allí se ha degradado hasta límites difícilmente imaginables. «El domingo es la fiesta de los mayores, una asociación que lleva años intentando arreglar su sede, sin respuesta», continuó relatando Campo, quien reclamó para Buenos Aires, en general, más atención por parte del Ayuntamiento.

«En materia de accesibilidad, por ejemplo, no se ha hecho nada allí en todos estos años, ni un rebaje de bordillos, ni labores de mantenimiento, nada», aseguró. De ahí que la propuesta de la oposición en pleno es que el anunciado plan Tormes + comience por Buenos Aires, para que se centren allí las acciones de revitalización.

Desde el inicio

Que se adecente el barrio, si es posible, o si no, como reclaman ya en voz alta los vecinos, que se tire todo y se comience desde el principio. Así lo solicitaron con ocasión de la manifestación del mes de julio y así lo han comunicado a los políticos.

«La solución la tiene que dar el PP y es lo que pedimos, que al menos se saque de ahí a las familias normales y se las ubique en otro sitio», remarcó en este sentido Agustina Martín, de Ciudadanos.

Martín habló también claramente de las elecciones generales como el gran problema oculto en esta cuestión. «No están bien vistos estos movimientos justo en estos momentos», reconoció, no sin antes cifrar en un 70% el porcentaje de familias conflictivas que residen ahora mismo en Buenos Aires y de advertir que los problemas de narcotráfico y conflictividad social ya se están expandiendo a otras zonas cercanas, como «la calle Jovellanos, en el barrio de Tejares donde ya hay enfrentamientos entre vecinos».

Pero para llegar a tomar esas medidas definitivas, se requieren pasos previos como comprobar con la consejería de Fomento quiénes son los titulares y los habitantes de los bloques 21-23 y 25-27 de la calle Villanueva de la Serena, recabar informes sobre el estado de las viviendas, revisar la salubridad de los espacios comunes, comprobar a través de las empresas concesionarias los enganches ilegales que existen a los suministros de electricidad, luz y gas e intentar involucrar a la comunidad gitana en la búsqueda de un camino que satisfaga a todos. Estos y otros eran los puntos sobre los que versó la primera reunión de la comisión especial y sobre los que se debería informar en el próximo encuentro, tal y como se acordó por las partes.

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