Ada Colau reclamará por la vía judicial fondos del Archivo de la Guerra Civil

La deriva secesionista de Artur Mas y los intentos de los parlamentarios de Junts pel Sí por acelerar el proceso de independencia de Cataluña han ocultado asuntos de menor peso y calado en las siempre delicadas y explosivas relaciones entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno central.

Sin embargo, la eterna reivindicación de la Generalitat por consumar el traslado a su región de los fondos catalanes que aún permanecen depositados en el Archivo de la Guerra Civil se recrudece con más adhesiones, ante las intenciones del grupo municipal de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, liderado por la alcaldesa Ada Colau, de reclamar por la vía contencioso administrativa la documentación del Consistorio barcelonés, correspondiente a los dramáticos años de la Guerra Civil, que se encuentra almacenada en el Colegio de San Ambrosio. La Comisión de la Dignidad asociación que abandera desde hace más de una década la causa catalana por el Archivo de Salamanca se reunió antes del verano con Xavier Doménech responsable del área de memoria histórica del grupo de Colau y actual número uno de la lista electoral al Congreso por Barcelona de En Comú Podem para el 20-D con el fin de cosechar el apoyo del Consistorio de la ciudad condal hacia su causa, según desveló el portavoz de la citada comisión, Josep Cruanyes. Precisamente, en la primavera de 2014 la Comisión de la Dignidad auspició la iniciativa conjunta de 43 ayuntamientos de las cuatro provincias catalanes, que anunciaron que se personarían en los juzgados para reclamar, por el cauce contencioso administrativo, los documentos de estos consistorios guardados en el Archivo de Salamanca.

Cruanyes explicó que el nuevo equipo directivo del Ayuntamiento barcelonés, que responde a un pacto de gobierno entre diferentes formaciones políticas en virtud de los fragmentados resultados de los comicios municipales del 24 de mayo, se ha mostrado favorable a secundar esta reclamación judicial, formando un frente común con otras corporaciones municipales, como son los casos de Tarragona, Valls y Reus.

Los papeles históricos que reclama el Ayuntamiento de Barcelona engloban diferente documentación administrativa, entre la que sobresalen documentos relacionados con los sucesivos bombardeos de la ciudad condal durante la fratricida contienda bélica, y que eran propiedad de la entonces vigente Junta de Defensa Pasiva, que operó en Barcelona en la Guerra Civil durante aquellos dramáticos años. El recurso contencioso administrativo va dirigido contra el Ministerio de Educación y Cultura, organismo que también se verá las caras con la Generalitat en los juzgados, en este caso por la reclamación de siete cajas con numerosos fondos de la Consejería de Justicia y Orden Público de la Generalitat, correspondientes a los meses previos a las convulsas luchas callejeras entre anarquistas y comunistas que retrataron los sucesos acaecidos en Barcelona en la primavera de 1937.