El PSOE duda acerca de la gestión de los servicios sociales a partir de 2016
La ley de Racionalización del gasto impide las competencias compartidas entre dos administraciones en varias materias
Cecilia Hernández
Jueves, 22 de octubre 2015, 11:58
El Grupo Municipal Socialista solicitó ayer al alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, que «aclare si los servicios sociales municipales se van a seguir prestando en las mismas condiciones a partir del 1 de enero de 2016».
Al parecer la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece que la gestión de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos debe ser asumida y financiada por las Comunidades Autónomas a partir del primer día del año próximo. Se trata de evitar duplicidades de servicios para contener el gasto público lo más posible, de modo que cada Administración pase a tener las competencias exclusivas sobre una competencia determinada. Ahora mismo, y según explicó ayer el portavoz de los socialistas en el Consistorio, José Luis Mateos, los servicios sociales son compartidos y la Junta de Castilla y León financia su parte a través del acuerdo marco que mantiene con los Ayuntamientos.
Por otra parte, señalan los socialistas, el Decreto-Ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, establece que las competencias en materia de educación, salud y servicios sociales «permanecerán siendo ejercidas por las Administraciones que lo hacían previamente». Determinadas facetas en la prestación de estos servicios son ejercidas o complementadas en la actualidad por los Ayuntamientos.
En base a este «confuso régimen normativo futuro que la gestión del PP pretende establecer», el Grupo Municipal Socialista ha solicitado que, por escrito, tanto la Intervención como el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento aclaren la aplicación e implicaciones de la normativa estatal y autonómica, así como la procedencia de la financiación de los servicios y programas sociales a partir del 1 de enero. «Queremos que nos digan si los va a seguir prestando el Ayuntamiento con financiación de la Junta o si ésta se va a hacer cargo directamente».
También la OMIC
Asimismo, estos problemas pueden afectar también a la Oficina Municipal del Consumidor, que «corre hasta riesgo de desaparecer», según José Luis Mateos, porque las compentencias en ese ámbito, de acuerdo a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, corresponden a la Junta de Castilla y León y no al Ayuntamiento.
Este servicio municipal, situado en la calle Valencia, es la base del sistema arbitral de consumo al que están adheridas muchas empresas de la capital y que garantiza que, en caso de problemas en las transacciones comerciales, un árbitro independiente resuelva el conflicto a través de un laudo vinculante para las partes enfrentadas.
