Que parezca un accidente

Esta semana Gemma Villarroel se presentó en sociedad como nueva coordinadora autonómica de Ciudadanos. Integrante del Comité Ejecutivo Nacional y portavoz del partido en el ... Ayuntamiento de León, en una entrevista con El Norte respondía al periodista sobre su relación con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y sus planes a largo plazo, cara a las elecciones de 2023: «Me ha dado apoyo y ánimos y creo que podemos hacer un buen equipo juntos. [...] La realidad es que él, de momento, a pesar de que no son sus estatutos ni su estrategia, se sigue viendo representado por estas siglas. Si no, ya lo habría dejado». La crisis abierta en la formación naranja cuando Igea disputó a Arrimadas el liderazgo y perdió quedó aparcada por la pandemia, pero el tiempo avanza y lo que le queda a esta organización por delante es un proceso complejo que, puesto que afecta a un partido de gobierno, también tendrá sus consecuencias para el Ejecutivo regional. Dando por cierto o no que Villarroel vaya a ser o no cabeza de cartel dentro de menos de tres años en Ciudadanos, bien porque no acabe siendo ella o porque PP y Ciudadanos se presenten con una lista conjunta, lo que parece harto improbable es que lo sea Francisco Igea. Por tanto, el primer desafío que tiene Villarroel y sus compañeros en la dirección autonómica es definir cómo y en qué momento deben apartar al político vallisoletano del puesto que ocupa. Podrían no hacerlo y eso sería, seguramente, lo más favorable para la estabilidad institucional del Gobierno regional y el debate político autonómico, pero cuesta mucho creer que una persona que, como dice Villarroel, no comparte estatutos ni estrategia con Arrimadas, sea la idónea para representar a Ciudadanos en un puesto de tanta proyección pública. No solo por el puesto en sí, sino también por el modo como lo ejerce el propio Igea. No tiene ningún sentido que Ciudadanos, como parte de una suma con PP o en solitario, compita en las urnas mientras Igea sale todas las semanas en la Junta a hablar de lo que ha decidido el consejo de Gobierno. Un partido puede hacer lo que quiera en el parlamento, en sus órganos internos, en mítines de todo tipo: nada es comparable con el poder de atracción electoral que, en un buen uso del mismo, significa el gobierno efectivo. Dicho lo cual, quedaría saber cómo se va a producir y cuándo ese más que probable relevo, digan ahora lo que digan unos y otros. Hay que hacerlo con tiempo suficiente, pero una vez superado lo peor de la crisis sanitaria. Villarroel, si seguimos atendiendo a lo que parece más probable y sensato, debería estar en esa posición de máxima representatividad al menos un año antes de las elecciones. Pero lo cierto es que, cuando se ha decidido una cosa así, cada mes que transcurre es una oportunidad que se le concede al azar, el error, la inconveniencia o el tropiezo. En segundo lugar, ¿cómo se hace algo así? Igea debería comprender esta circunstancia y retirarse de buen talante, o sea, dimitiendo. Debería suceder como si fuera un accidente. Porque si no ocurre así tendría que ser el presidente, Alfonso F. Mañueco, quien lo destituyera. El acuerdo lo firman PP y Ciudadanos, con alta implicación de las direcciones nacionales, no Mañueco e Igea. Si Arrimadas pide que se haga, Mañueco debería hacerlo: del mismo modo o incluso con más diligencia aún que cuando salió del Ejecutivo Germán Barrios, exconsejero de Empleo. De lo contrario, podría intervenir el aparato de Génova. Esos pactos de gobierno, su cumplimiento y desarrollo, son muy especialmente responsabilidad de los órganos rectores nacionales. No creo que Pablo Casado esté como para que Igea le estropee cualquier operación que pueda pretender con Arrimadas a otras escalas, en otro montón de territorios en los que comparten gobierno.

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