Un país en deuda
Editorial ·
El cierre del pasado año con un déficit menor del previsto no debe confundir sobre el estado real de las finanzas públicas
El Gobierno entiende que cerrar 2021 con un déficit del 6,9%, menor del previsto en 18.000 millones de euros, permite asumir el plan de choque ante las consecuencias de la guerra en Ucrania manteniendo al mismo tiempo el compromiso con Bruselas de terminar el presente año con un desfase del 5% del PIB. Una presentación entusiasta de tales números y de una deuda pública equivalente al 118% del PIB –también algo más bajo de la esperada, pero gigantesca– corre siempre el riesgo de inducir la sensación de que las cuentas públicas en España están en superávit, con miles de millones de euros a disposición del Estado y sus distintas administraciones para afrontar la nueva crisis. Y sin problemas para afrontar una próxima vuelta a la disciplina fiscal en la UE, que implicaría severos ajustes.
El comportamiento de la economía y el empleo en el anterior ejercicio posibilitaron que nuestro país se asomase al final de la pandemia y a la recuperación sobre bases solventes, aunque sin resolver sus problemas estructurales. La propia reforma laboral vio la luz mientras Rusia desplegaba su cerco sobre Ucrania. No es casual que ya no se haga siquiera mención del Next Generation. Las ayudas europeas parecen hoy más de resiliencia que de transformación, y han pasado a formar parte de un telón de fondo empequeñecido. Su distribución entre la digitalización, la transición ecológica y la cohesión social se tambalea ante el peligro cierto de la inanición energética para la zona más pujante de la Unión.
Es en ese contexto en el que la acción pública no tiene más remedio que emplearse sin respiro en una España obligada a obtener la máxima rentabilidad de cada euro; entre otros motivos, para aminorar así la carga deudora que se transmita a los más jóvenes. Los 16.000 millones anunciados en ayudas directas y avales revelan una contención que no tendría que ser tal si el Gobierno estuviese más seguro de los efectos reales de la inyección. El monto de la deuda contraída de ese modo puede resultar tan asumible como limitado en sus efectos. Resultaría más eficiente agilizar la puesta en circulación de los fondos europeos, aunque las instituciones actúan como si no fuesen capaces de asumir al mismo tiempo ambas tareas. En cualquier caso, es imprescindible despejar el escenario político de la discusión sobre fiscalidad mediante un contraste de pareceres riguroso entre el Gobierno y el primer partido de la oposición.
