Soterramiento o integración en Valladolid: balance de daños

Otros intentamos apelar a la razón, a los argumentos. Pensamos que los soterramientos pueden ser una solución, pero no la única. Que no son la panacea urbanística universal, ni mucho menos. Que muchas veces una serie de obras de menor alcance pueden ser más útiles. (Por polemizar: ay, si no se hubiese desviado el Esgueva, qué bien estaría la ciudad, con el río atravesándola). También nos preguntamos qué decir de Múnich, Zúrich, Milán, París, Utrech, Londres, Burdeos, Bruselas, Berlín o de tantas y tantas grandes ciudades europeas que no soterran los trenes, aun disponiendo de presupuestos mucho más elevados que el nuestro. ¿No son «modernas»?

Sabemos que los espacios subterráneos suscitan siempre ansiedades y temores, ligados a una imaginación desfavorable. Pero, del mismo modo en que no se cuestionan, por ejemplo, los garajes subterráneos (o los túneles del metro, donde los haya), porque se consideran infraestructuras útiles y suficientemente seguras (alumbrado, visibilidad, cámaras, amplitud), tampoco deberían considerarse de otro modo los pasos bajo las vías bien diseñados.

Observamos el mapa de las rentas a uno y otro lado de las vías y comprobamos que, caramba, hay ámbitos en los que son más bajas en el lado supuestamente bueno que en el opuesto. Y consideramos también, por ejemplo, que las casas que se están construyendo en los nuevos barrios de la Ciudad de la Comunicación o de Cuarteles (al sureste) no son de peor calidad que las del otro lado. Pensamos entonces que el supuesto efecto equilibrador por la simple eliminación de las vías, no se sostiene. Pues lo que se requiere son inversiones públicas en las áreas más necesitadas, estén o no estén las vías. Basta ver el caso de Cádiz: 20 años después de soterrar, todo igual. Y, sobre los costes, aunque ahora se pida que el soterramiento se financie fundamentalmente por el Estado, no creemos que el dinero público estatal, regional o local, sea ilimitado ni que dé igual a qué se destine.

Ambos planteamientos, emoción o razón, deberían contrastarse con el espejo de la historia, de los hechos. Con lo sucedido y lo que cada uno hizo y hace. El Plan Rogers, de 2010 (1.089 millones de euros, entonces), se financiaría con la venta de suelo (sí: en los maravillosos tiempos de la burbuja). Luego, apareció una deuda de 400 millones de euros. Después, y a pesar de todo, se vio el esfuerzo del gobierno municipal anterior por sacar adelante el soterramiento (años 2015-2016). Más tarde (Consejo de Administración de la SVAV del 22 de diciembre de 2016), Adif expone que, ante la deuda acumulada, «estábamos en una situación de insolvencia real de la sociedad». Y plantea «entrar en fase concursal». La situación habría sido durísima: se paraba todo, se frenaban los Talleres y, al asumir el Ayuntamiento su parte de la deuda, se afectaría gravemente al presupuesto municipal, y especialmente a los programas sociales.

De manera que solo había dos salidas: el concurso de acreedores o la propuesta de integración. No fue un cambio de opinión o de criterio del equipo municipal. Fue una imposición del PP. Y el proyecto de integración, que se hizo en el Ayuntamiento, fue una buena solución a la crisis. Por eso no estaría mal revisar, una vez más, la entrevista al ministro De la Serna, publicada en este mismo periódico el 27 de diciembre de 2017. (Y, por cierto, ¿quién estaba en aquel Consejo por parte de la Junta? En efecto, el Sr. Suárez-Quiñones, el mismo que ahora se opone a la liquidación de la Sociedad: las vueltas que da la vida). El convenio de 2017 era, a la vista de la situación, razonable. Comenzó su ejecución, y aunque fue más despacio de lo esperado, empezaron a verse resultados, también razonables. Pero el PP municipal, que había asumido tras las elecciones de 2019 el Convenio para la integración, dos años después cambió de posición y se situó tras la estela de Vox (de la razón a la emoción).

Y así llegamos al momento actual. Con el siguiente balance de daños: pérdidas económicas en obras e informes innecesarios; alargamiento injustificado de los plazos; desdeño, por parte del gobierno municipal, de obras y mejoras realizadas. E incluso descuido en la ejecución de alguna de ellas, como en Padre Claret, que no se ha construido como estaba proyectada (se ha alargado el paso 4 m. y estrechado los accesos), ya con el PP-Vox en el gobierno, que asumió tales cambios (y de ahí lo impostado, lo atrevido, de las declaraciones de algunos cargos del actual gobierno, haciéndose de nuevas e insistiendo en que la obra, finalmente, no se parecía lo suficiente a las infografías previas).

Pero lo peor, en mi opinión, es el olvido de cómo se ha llegado hasta aquí, y el bloqueo que se vive hoy, por parte del alcalde actual (que, eso es verdad, no lo disimula). Con una actitud dañina e interesada, que busca agitar permanentemente las emociones («Valladolid tiene derecho al soterramiento»: ¿Valladolid es una persona con derechos?), despreciando cualquier información o argumento que le parezca adversa. Ya había asegurado que acabaría con «nuestro muro de Berlín» (¿no es una metáfora preciosa, y enormemente apropiada?), y que «defenderá el soterramiento hasta la extenuación« (la épica que no falte). Pero entretanto, seguirá poniendo palos en la rueda a la integración (una tarea un poquito menos épica). Como hizo el pasado lunes, en el último Consejo de Administración de la SVAV, que terminó sin acuerdo en ninguno de los puntos del orden del día que pretendían seguir adelante con la integración: licitación de los pasos de Ariza y convenio para el de Unión-Pelícano.