Investiduras ante la encrucijada

Recuperar ese escaño constituía una pieza importante para el acuerdo PSOE-Junts, ya que suponía no tener que recurrir a que los independentistas catalanes votasen a favor de la investidura de Sánchez, sino que sólo se abstuvieran, lo cual sería preferible para ambos partidos; pero la decisión no dependía de ellos y la ponente del caso en el Constitucional propuso no revisar los votos, ya que no habría irregularidades visibles –ni argumentación convincente por parte del PSOE– para desconfiar del resultado en cuanto al recuento de votos del extranjero. Además de poder convertirse el mismo hecho de la revisión en un precedente peligroso –según algunos juristas– cara al funcionamiento futuro del sistema electoral.

Al no lograrse el escenario más deseable, tanto para el PSOE como para Junts, sendas formaciones políticas habrán –por así decirlo– de «retratarse». Pues no cabe duda de que el pactar con el independentismo puede causar disensiones –dentro del PSOE– entre sus posibles votantes no catalanes (estos sí que estarían conformes); y, de otro lado, suscitaría –en el interior de Junts– una inevitable discusión sobre el efecto que el apoyo a Sánchez acabará teniendo respecto a sus pretensiones electorales en unos próximos comicios.

¿Le conviene a dicho partido retornar al «campo de juego nacional» e influir en la política de España como sucedía con el nacionalismo catalán en tiempos de Convergencia? ¿O, por el contrario, debería mantenerse en sus más recientes posiciones radicales que le permiten liderar las ansias independentistas frente a Esquerra? Lo que parece claro es que a ninguno de los dos bandos les favorece –en realidad– la repetición de votaciones, ya que ello generaría un sentimiento de frustración en la ciudadanía y entre sus posibles votantes. Unos y otros saben –por experiencias anteriores– cómo la repetición de elecciones provoca en el electorado (sea cual sea su tendencia ideológica) un incómodo sentimiento de que se ha fallado a los votantes en resolver e interpretar el mensaje de la consulta en cuestión: de que no se ha acertado a la hora de desarrollar el trabajo primordial de los políticos, que consiste en eso: ponerse de acuerdo y dar estabilidad al país.

Sánchez conoce bien tal sensación y, por esto, su entorno se afana en llegar a un pacto que propicie la investidura de aquel. Hay quienes apuntan o elucubran que ya se está fraguando una Ley de Alivio Penal; pero el PSOE intenta conseguir –a toda costa– el acuerdo de investidura con Puigdemont, a pesar del riesgo de fractura en sus filas y de que no da la impresión de que vaya a resultar factible una amnistía o «alivio penal» antes de aquella. Lo que crea un problema añadido: el de que un resabiado Puigdemont –y Junts con él– se vuelvan atrás al no fiarse de los frecuentes «cambios de opinión» de Sánchez.

En cualquier caso, este goza de una baza en su haber; la de que él marca los tiempos o los controla. Y el tiempo juega a su favor porque le brinda más opciones: desde ultimar difíciles alianzas hasta decidir –si no hubiera otro remedio– cuándo le es más oportuno convocar nuevas elecciones. Otro asunto de fondo es que el PSOE ha de enfrentarse con un problema que nunca vio como muy urgente, puesto que siempre ha rehuido el debate sobre identidades y territorios; aunque, quizá, debiera haber abordado la posibilidad de una solución federalista hace décadas, lo que jamás ocurrió. Por tanto, más allá de la coyuntura concreta que mueve al PSOE a asumir –ahora– tal agenda territorialista, España se halla ante una encrucijada no casual, la cual habrá de arrostrar –más pronto que tarde– de algún modo.