Regeneración democrática

Seguro que tienen en la memoria ese listado que tantas veces se recitó: limitación de mandatos, listas abiertas, incompatibilidades rigurosas, reducción de aforamientos, transparencia patrimonial, reformas electorales, etc., todo ello referido a los cargos públicos. Ahí sigue el listado, pacíficamente aparcado hasta mejor ocasión. Y no digo que cualquier propuesta deba ser aceptada sin más, por el hecho de que se presente como material regenerador, sin un serio análisis previo de causas y efectos. Pero sí digo que el debate de asuntos de tanto calado no se ha llegado a formalizar, seguramente porque es notorio que no hay ambiente para alcanzar sobre ellos el mínimo consenso que sería necesario para abordarlos.

Parto, pues, de una cierta prevención al respecto. Primero, porque no tengo claro que la forma y el contexto de plantearlo haya sido la más congruente para obtener resultados efectivos. La sensación que ha podido quedar sobre la proximidad electoral de lo acontecido proyecta sobre el debate la sombra de la duda. Más allá de las incomodidades personales y familiares, que siempre he considerado respetables y comprensibles, todas las cuestiones suscitadas podrían haberse planteado sin poner en el alero una responsabilidad tan alta como lo es la Presidencia del Gobierno. Y no es de descartar que el episodio haya tenido algún efecto de incrementar aún más el nivel de polarización agresiva, en un sentido o en otro, en una y otra parte, si alguien ha pensado que puede ser una buena estrategia para obtener los rendimientos deseados.

Pero hecho está, a falta de concreciones en cuanto a iniciativas y medidas, y no estará de más alguna reflexión previa sobre los dos asuntos en que se ha concentrado la compleja problemática de la regeneración democrática en este intento y que, simplificando al máximo, son la información y la justicia. A ello me dispongo.

Una parte central del debate se ha situado en torno a los límites de la información, bajo esa apelación a la «máquina del fango», en la que se entiende que participan un conjunto de medios, o pseudomedios, de comunicación, con oscura financiación, dedicados a fabricar, difundir o amplificar bulos y mentiras, todo ello enmarcado en una estrategia de acoso personal y deterioro político. ¿Qué se puede hacer al respecto?; ¿se pueden establecer nuevas medidas, que no estén ya previstas, para poner coto a los excesos? La libertad de información está contemplada en el artículo 20 de la Constitución en términos amplios, como pueden apreciar. Está expresamente prohibida la censura previa y tampoco cabe el secuestro de publicaciones, si no es por resolución judicial. El límite está en el respeto a los derechos fundamentales, y especialmente el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. ¿Cabe, con eficacia jurídica, legislar algo más de lo que ya existe en esta materia?

No es fácil. Otros derechos (el de asociación, el de reunión, el de manifestación, el de educación, etc.) tienen un contenido objetivo que admite regulación, como así ocurre. Éste de la información es, por definición, muy casuístico y más difícilmente legislable; los límites se han ido fijando por los tribunales resolviendo casos concretos y, con mucha frecuencia, priorizando la libertad de información. Por supuesto que caben Códigos de conducta y de buenas prácticas que los medios de comunicación pueden asumir y respetar, como cabe la reprobación social frente a ciertas prácticas, manifestada en el no aprecio a los medios que las realizan; pero no creo que, más allá de las figuras de delito (injurias, calumnias, difamación, falsedad, etc.), que ya están en el Código Penal o en leyes complementarias, vaya a ser fácil implementar nuevas medidas eficaces.

El otro ámbito reiteradamente incorporado al discurso de la regeneración democrática tiene que ver con el desarrollo de la función jurisdiccional de jueces y tribunales, alegando su uso desviado, con intención política, mediante esa técnica ya tan invocada del llamado lawfare. También hay previstos instrumentos de reacción al alcance: los recursos contra decisiones que se pretenden injustas, la prevaricación si se puede comprobar la adopción voluntaria y consciente de esas decisiones, están ahí. Pero en este terreno, el discurso se eleva a ese dislate tan notorio que es la inaudita e irresponsable falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces; y tampoco veo yo tan claro que, de producirse esta renovación, el problema descrito fuera a desaparecer sin más. Cada juez y cada tribunal es autónomo e independiente en el ejercicio de su función y, si hubiera desvío, cabrá, por supuesto, activar la vía disciplinaria, pero los remedios jurídicos eficaces son los indicados. Cuestión distinta, y de elevado interés, es que un planteamiento riguroso, con reformas en el sistema de acceso a la judicatura, y en la provisión de los cargos más relevantes con criterios de mérito y capacidad, y no por alineamiento, adhesión o intercambio a la hora de nombrar, facilitara la renovación. Propuestas muy útiles se han hecho recientemente en este sentido, que no debieran ser desechadas ni desmerecidas.

Y, en fin, no dejaré de apuntar un signo de regeneración que sería bien visible, por ejemplarizante. Hay demasiados nombramientos en instituciones, entidades y organismos que tienen encomendadas funciones públicas para las que sería muy apreciable la apariencia de neutralidad, en los que es evidente que ha primado la adscripción partidaria o la adhesión personal. Una buena forma de demostrar la sincera voluntad regeneradora sería corregir tal práctica por quien puede hacerlo.

Se ha dicho que convendrá esperar a que pasen los próximos eventos electorales. Esperemos. Pero sería una lástima, y algo más, que se volviera a hacer patente aquel lamento que se atribuye a un obispo irlandés, ocupado en tareas militares: «Primero levantamos una gran polvareda, y luego nos quejamos de que no se veía nada».