Las lecciones del barro

En medio del horrible panorama que hemos podido ver en directo, con imágenes verdaderamente impactantes, ha habido también testimonios nobles y alentadores. Entre ellos el de los Reyes, que creo que han ganado aprecio ciudadano por su comportamiento en una discutida visita, sumamente complicada, donde la irritación y la hostilidad eran evidentes. Al igual que habrán ganado desprecio quienes aprovecharon la indignación para hacer su tarea violenta, especialmente dirigida hacia el Presidente del Gobierno. Tal vez lo ocurrido en esa visita haya tenido también un efecto positivo en la reflexión colectiva y hasta en la agilización de las medidas después adoptadas.

Dicho esto, es también evidente que deben aclararse aún muchos extremos sobre la gestión de la emergencia, a la vista de la información que se ha ido conociendo. Por supuesto, sin eludir la posible exigencia de responsabilidades que pueda hacerse, en el ámbito jurídico, ante los tribunales, y en el ámbito político, en las instituciones que pueden hacerlo. Sería aventurado establecer conclusiones firmes de antemano, antes de conocer todos los detalles, pero, de lo que está ya constatado, algo se puede deducir.

Lo primero, que hubo, por parte de las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma valenciana, una tardanza negligente y difícilmente comprensible en transmitir la señal de alarma, fruto quizá de cierta dejadez en comprobar a tiempo la evolución real de la gota fría, de cierta imprevisión sobre lo que podría pasar a la vista de la intensidad y cantidad del agua caída, o de cierto exceso de confianza en que sería, como otras veces ocurrió, una inundación incómoda, pero tolerable. Porque esta vez la prioridad no era poner a buen recaudo el coche aparcado en el garaje inundable; era salvar la vida, nada menos. Y faltó advertencia oportuna precisamente en eso. Lo que hace aún más grave la falta de reacción preventiva y de advertencia, de quien tenía la obligación de hacerlo a medida que tuvo información suficiente del riesgo. Todo esto deberá ser aclarado y enjuiciado porque sin ello no estará superada la catástrofe, ni en la conciencia colectiva, ni en el respeto a las víctimas, ni en la exigencia de las leyes.

En otro sentido, habrá que plantear seriamente las reglas de actuación de los distintos niveles institucionales en situaciones de este tipo. Es cierto que hay ámbitos competenciales diversos, con facultades propias de actuación y de adoptar iniciativas. Es ése un efecto natural del modelo de distribución territorial del poder que hemos configurado como Estado de las Autonomías en la vigente Constitución. Pero bajo ningún concepto es aceptable que la asignación de competencias, y mucho menos cuando se utiliza como arma arrojadiza en la disputa política, se convierta en un obstáculo objetivo para afrontar con inmediatez y eficacia los efectos de una catástrofe, o para activar con la máxima prontitud la disposición de los medios personales y materiales necesarios. Las Comunidades Autónomas, en efecto, tienen una amplia competencia en protección civil, conforme a sus propios Estatutos. También el Gobierno de la Nación tiene la posibilidad de declarar una emergencia nacional en ciertos casos y asumir la dirección de las actuaciones en coordinación con las Comunidades afectadas, que han sido varias, incluso en forma de estado de alarma parcial si así se considera. Así lo contempla la Ley vigente de Protección Civil, de 2015, a cuyo artículo 28 me remito. Quizá hubiera sido conveniente hacerlo desde el principio, vista la dimensión de la tragedia, puesto que concurría el requisito de afectación de varias Comunidades. Cabe incluso pensar que, si el Gobierno advirtió la gravedad del riesgo, envió reiteradas advertencias y constató la relativa pasividad de las autoridades autonómicas, tenía suficientes argumentos para ejercer su propia competencia. No quiero pensar que hubiera cálculo político en la sucesión de acontecimientos, pero tampoco se puede excluir que la odiosa polarización política, con evidentes altibajos en aquellos días, llegara a alcanzar también a la imputación recíproca de culpas. Así han debido percibirlo muchos ciudadanos, especialmente los más afectados, y así se explican también muchas reacciones. Porque no hay peor escenario para el rifirrafe político del «has sido tú», o «la culpa es tuya», que la desgracia derivada de una catástrofe, en gran medida no evitable, pero sí susceptible de ser enfrentada con leal cooperación, sin recelo ni reticencia.

Queda, en fin, un reto fundamental para las instancias políticas, que deriva de una exigencia creciente de la sociedad. Es bien concreto: las dos principales fuerzas políticas, especialmente ellas, que son las que disponen de capacidad de gobierno, tienen una oportunidad excelente para reconducir la situación, para acordar protocolos de actuación, para tomar conciencia conjunta de las implicaciones del cambio climático, para convenir medidas económicas o de otro tipo. O sea, para aparecer juntos y ofrecer a la ciudadanía una imagen positiva de entendimiento y cooperación en lo fundamental, que, entre otras cosas, es dar esperanza a los perjudicados por una catástrofe, todo ello sin perjuicio de la legítima contraposición de ideas y propuestas. Si no lo hacen ahora, ¿cuándo lo van a hacer?