El 'error' del IMV

No se puede dudar el IMV porque es una necesidad real y social, una evidencia ante la que en no pocas ocasiones se ha cerrado los ojos a la espera de una solución mágica, como caída del cielo. España, nuestra España, mantenía desde hace años un evidente déficit dentro del sistema de protección social, un error de gestión que dejaba a una parte de la sociedad olvidada y aislada al carecer de un instrumento real de garantía de rentas.

Con su distancia, ocurre algo similar al momento en el que la sociedad en términos absolutos descubrió una evidencia: debería existir por esos criterios sociales una ayuda a la dependencia, porque quien ha dado todo por los suyos merece en el momento más crítico de su existencia no sentirse olvidado por el sistema. Coincidiendo así en la necesidad del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se llegaría de inmediato al siguiente capítulo, la gestión del mismo.

Y por ahí el Gobierno central siempre flaquea. Como casi todo lo realizado en los últimos meses, el Ejecutivo actúa a golpe de ocurrencia, sin pausa, sin estudio, gestiona dimensionando sin realismo sus actuaciones y en esa improvisación arrastra a todo el sistema sin contemplaciones.

El IMV llega a la calle como si fuera un anuncio en una valla de publicidad. Y poco más. Por el camino se han olvidado aspectos determinantes, como acometer esa nueva prestación social de la mano de las comunidades autonómicas. Tiene razones más que suficientes el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para sentirse ignorado y molesto. Toda la razón, y un poco más. No parece de recibo imponer el nuevo gasto social sin colaboración autonómica, sin pactar acuerdos, desoyendo criterios que ya se aplican, ignorando la gestión social que ya se realiza, dando por sentado que no hay otro criterio válido sobre la mesa que se pueda gestionar de forma pausada, común y acordada.

«Es una ayuda del Estado y solo del Estado y no se admiten injerencias», se aseguró entre bambalinas este viernes, como si la colaboración supusiera molestia. Tan centralista es el IMV que resulta un insulto para la práctica totalidad de las comunidades autónomas, al menos para todas las que han sido ignoradas –salvo en las que ha habido diálogo por razones políticas–. Mañueco tiene argumentos para recriminar a Sánchez todo. Su despotismo en este asunto, su arrogancia a la hora de acercarse en solitario a las clases más dañadas, su desafiante forma de actuar ignorando el trabajo autonómico realizado con anterioridad y que hoy tiene forma propia en una efectiva 'renta mínima garantizada'.

Esa insolente forma de actuar provoca, sin necesidad, un enorme desajuste con las administraciones más próxima y obliga a crear mecanismos de adecuación para las prestaciones retributivas que no deberían precisar de ellos.

Sin ánimo de señalar con el dedo, alejado de cualquier clave partidista, no parece serio comprometer la seriedad de un ingreso mínimo vital por falta de diálogo. Hacerlo de ese modo, por molesto que pueda resultar para algunos oídos, es jugar a hacer propaganda con la miseria de quien solo quiere un poco de justicia social.

No habrá rectificación alguna, eso es seguro, pero el IMV es la evidencia de que un gobierno –del color que sea– puede caer en un error absoluto: gobernar para el pueblo, pero pensando primero en sí mismo.