Justicia independiente
Es inasumible que el Gobierno justifique su reforma en el acceso a la carrera judicial y fiscal en la supuesta existencia de una casta conservadora
La excepcional concentración convocada ayer a las puertas del Supremo, la cúspide de los órganos jurisdiccionales españoles, por cinco de las siete asociaciones de jueces ... y fiscales –se ausentaron las de orientación progresista– constituyó un elocuente preludio de la huelga que los congregados piensan protagonizar este 1, 2 y 3 de julio contra las reformas del Gobierno que les conciernen. Elocuente por el marco elegido; porque los movilizados no tienen intención de ceder ante los cambios legislativos promovidos por el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños, pese a que el Consejo del Poder Judicial mantiene su conocida oposición a éste y otros paros precedentes por «carecer de soporte normativo» en el Estado de derecho vigente; y porque el acto acabó transformándose en un gesto de contestación ciudadana que rebasó el perímetro previsto y que los togados reunidos acotaron debidamente afeando los insultos esporádicos contra el presidente Sánchez. Los profesionales que han lanzado tan contundente pulso al Ejecutivo interpretan que la modificación en el acceso a la carrera judicial y fiscal diseñada por Bolaños y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Público se encaminan a una inaceptable «injerencia» del Poder Ejecutivo en su independencia, protegida por la Constitución. Y ello en un contexto de fricción del Gobierno con la Magistratura por sus inapropiadas críticas a algunos de los instructores de las causas que lo salpican.
Bolaños viene negando la acusación de fondo, al tiempo que reivindica sus reformas como necesarias para la modernizar la justicia y como una suerte de legado para las próximas décadas; una aseveración que bastaría para intentar procurarse un apoyo más amplio que el de sus socios, parte de los cuales tienen como propósito político desligarse del Estado constitucional español. Es verdad que hay cambios que llevan años en el tintero, como la atribución a los fiscales, a la manera de otros países de nuestro entorno, de las investigaciones ahora en manos de los jueces. Pero si el ministro no puede obviar las objeciones planteadas, por ejemplo, por el CGPJ a sus planes –y, singularmente, su exhortación a blindar la independencia de la Fiscalía–, lo que resulta inasumible es justificar la ampliación de los márgenes de acceso a la carrera en que existe una supuesta casta de jueces conservadores. Y en nada ayuda a la credibilidad de las 'leyes Bolaños' que el actual fiscal general esté insólitamente procesado y el propio ministro bajo sospecha en el 'caso Begoña Gómez'.
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