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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, imputó ayer a «desajustes o errores puntuales» la tardanza con la que su departamento atendió la decisión del Gobierno de rescindir el contrato de compra de munición de 9 milímetros a dos empresas israelíes. Ante los reproches de los grupos que apoyan al Gobierno, Marlaska enfatizó «yo asumo el error, no me gusta asumir un segundo error. Lo asumiría en otro sitio y en otro lugar». Sugiriendo con tales palabras que en ese caso se vería obligado a dimitir. Su comparecencia se produjo un día después de que el PSOE secundara la proposición de ley impulsada por Sumar, Podemos, BNG y ERC para proceder a un embargo total de armas a Israel, refiriéndose a países que estén cometiendo un genocidio. El informe discrepante del ministerio de Economía y las reiteradas advertencias de la titular de Defensa, Margarita Robles, sobre la imposibilidad para España de rechazar la adquisición de tecnología israelí parecieron desvanecerse milagrosamente con el voto parlamentario socialista. Aunque en realidad tanto el socio mayoritario del Gobierno como los grupos que le instan a cortar vínculos con Tel Aviv son perfectamente conscientes de que el lenguaje de los hechos continuará imponiéndose sobre el de las palabras.
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