Bajas y absentismo

El Banco de España ha mostrado, en su Informe Anual, una especial preocupación por el incremento de las bajas laborales, que antes de la pandemia no superaban el 2,5% de los trabajadores y ahora se aproximan al 4,5%, siendo nuestro país uno de los que lo está experimentando de manera más intensa –por detrás de Noruega y de Eslovenia–, aunque constituya un fenómeno europeo. Tanto, que el pago de la prestación por baja asciende ya a 15.000 millones de euros, nada menos que el 1% del PIB, con una subida del 78% para la Seguridad Social. Mientras, el coste directo para las empresas alcanza los 4.613 millones, con un aumento del 62%. El BdE avanza tres causas para ese incremento.

La constatación mediante encuestas de que el estado de salud de las personas –o su percepción subjetiva– ha experimentado un empeoramiento tras la pandemia. El envejecimiento de la población trabajadora, que por otra parte actúa como factor de presión sobre el sistema de pensiones. Y el hecho de que la creación de más empleo va acompañada históricamente de un mayor porcentaje de bajas laborales, lo que a su vez contribuye a tensionar el mercado laboral dado que el absentismo por incapacidad temporal suma 76 millones de días de trabajo perdidos al trimestre.

Ni el ministerio de Trabajo, ni el de Seguridad Social, ni el de Sanidad han ofrecido hasta la fecha informes concluyentes sobre las causas por las que España presenta datos diferenciales en cuanto a sus bajas laborales. Tampoco lo han hecho, en su caso, los departamentos autonómicos correspondientes de aquellas comunidades que destacan por sus altas tasas de absentismo laboral. El tema es recurrente en la discusión entre las organizaciones empresariales y las centrales sindicales. Pero la inexistencia de estudios estadísticos específicos hace que el contraste de pareceres oscile entre la presunción de que hay demasiadas bajas injustificadas y la convicción de que tal lectura responde a una concepción deshumanizada de las relaciones laborales.

De ahí que los cambios introducidos en la gestión de bajas a partir de 2025 –tanto en cuanto a su duración, como respecto al examen médico definitivo– difícilmente contribuyan a aliviar una carga que soportan tanto la economía en su conjunto como los propios trabajadores.

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