Sánchez, otra vez a prueba
Editorial ·
No es fácil que el Consejo de Ministros pueda dirimir las diferencias entre Calviño e Iglesias sobre la prórroga de la paralización de desahucios
La decisión de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu de retirar las dos enmiendas que habían presentado al proyecto de Presupuestos, proponiendo añadir una disposición ... final que contemplase la prórroga y ampliación de la paralización de desahucios y asegurando los suministros a hogares en dificultades es muestra de la sintonía que mantienen las tres formaciones. Si la presentación de las enmiendas con la firma de uno de los socios de gobierno reveló la tensión latente en la coalición, debilitando al Ejecutivo en el crucial momento de tramitar las Cuentas públicas, Pablo Iglesias ha podido exhibir la utilidad de su desleal comportamiento respecto a los socialistas al obligar a estos a transigir con la promulgación en el plazo de dos semanas de una medida al respecto, se supone que en forma de real decreto.
Aunque la componenda por la que el Ejecutivo Sánchez se compromete a dictarlo, a cambio de la retirada de la enmienda, solo sirve para prolongar el pulso entre los socios de la coalición a cuenta de un asunto socialmente sensible y jurídicamente complejo. Frente a la apariencia de que el Gobierno recupera su cohesión interna por boca de Iglesias, y que ERC y EH Bildu saben corresponder con una actitud cabal, no es fácil que una demanda tan bienintencionada como propicia a la demagogia se traduzca en ley sin que genere efectos adversos para los intereses de muchos ciudadanos. Y no es fácil que el Consejo de Ministros pueda dirimir las diferencias entre Calviño e Iglesias con una redacción que contente a todos sus integrantes.
El silencio de la parte socialista del Gobierno es, en ese sentido, más que elocuente. La justa atención a las necesidades de vivienda de las personas y familias necesitadas puede dejar de serlo si afecta negativamente a otras en el empeño de posponer los lanzamientos en caso de que los inquilinos «no tengan alternativa habitacional». La determinación jurídica y judicial de este último supuesto resulta además tan controvertible y difícil cuando se reclama el derecho a prolongar la estancia contra el deseo de la propiedad, que el Estado debería proteger incrementando la oferta de alquiler social y, en cualquier caso, integrando los costes dentro de las coberturas y servicios que presenten las distintas administraciones. Pero las contraindicaciones pueden generalizarse si una medida entendida como de auxilio induce el retraimiento en la oferta de viviendas en alquiler, aumenta sus requisitos e incluso afecta al mercado inmobiliario.
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