Editorial: Oxígeno público
La prórroga de los ERTE representa un triunfo del pragmatismo y del diálogo social, pero tiene sus limitaciones
La prórroga de los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre, aprobada ayer por el Consejo de Ministros tras el acuerdo alcanzado el jueves con ... los sindicatos y la patronal, concede a trabajadores y empresas otro trimestre de oxígeno que les permitirá sobrellevar un verano incierto para la economía española; especialmente para los sectores más vinculados al turismo. El mantenimiento durante tres meses de las bonificaciones y exenciones a las compañías que mantienen suspendida su actividad a causa de la pandemia, así como de las prestaciones por desempleo a su personal –también a los autónomos–, era una medida indispensable para evitar cierres y despidos masivos. Gran parte de las firmas afectadas por la crisis no se encuentran aún en condiciones de recuperar a la totalidad de sus plantillas sin que ello ponga en serio peligro su viabilidad. También es razonable que, en el ejercicio de equilibrios que representa este pacto, que afianza el diálogo social, el Gobierno incentive el regreso a la normalidad laboral con bonificaciones más altas a las empresas que reintegren a sus trabajadores.
El alto coste de los ERTE para las arcas públicas –alrededor de 11.000 millones de euros, según el ministro José Luis Escrivá– refleja la magnitud del esfuerzo desplegado. Una cantidad que la Seguridad Social debe desembolsar para procurar el salvamento de empresas, empleos y la continuidad de unos ingresos familiares de los que depende también el erario. La insistencia del Gobierno en las obligaciones tributarias que acompañan a las percepciones por ERTE no solo las equipara con las condiciones de todo salario, sino que revela hasta qué punto la Administración no puede dejar de cuadrar unos números que ya están abocados a un abultado déficit para este año, que el FMI acaba de fijar en un 13,9%.
La solución era ineludible, pero la renuencia del Gobierno a facilitarla advierte de que los protagonistas del diálogo social no pueden pretender sin más su continuidad en el último trimestre del año. Siempre sobre el supuesto de que los rebrotes epidémicos no se generalicen hasta empantanar aún más la economía. Otra prórroga análoga afectaría seriamente a las cuentas públicas. Pero también a la salubridad del tejido productivo en tanto que podría encubrir situaciones críticas que debieran afrontarse sin ambages sobre la viabilidad de determinadas empresas o la reestructuración de un sector.
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