El fin del dinero en efectivo

En septiembre de 2019, pocos meses antes de la eclosión de la pandemia, se publicaban numerosas informaciones sobre la desaparición del efectivo. Entonces se decía que Suecia, Dinamarca y Noruega podrían convertirse en los primeros países en eliminar el pago con papel moneda, y España estaría en el grupo de cabeza de los países que dieran ese paso, que estaría precedido por la paulatina desaparición de cajeros automáticos. En concreto, el 5% de la población española no iba a tener acceso a los billetes en 2025, según el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, lo que dejaría a cerca de tres millones de personas en grave riesgo de exclusión financiera. De cualquier modo, el sector bancario informó de que en 2019 se efectuaron más pagos con tarjeta que en efectivo, aunque todavía se retiraron de los cajeros unos 100.000 millones de euros

Todas aquellas previsiones se han precipitado por la gran pandemia, que ha convertido el dinero en metálico -monedas y billetes- en potenciales portadores del virus letal. El dinero electrónico se ha generalizado y, por ejemplo, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid ya lo admite. El cambio ha sido radical, y hoy es habitual asistir a la compra de un periódico o al pago de un café mediante la tarjeta de crédito o algún otro sistema de pago 'contactless', sin contacto. A la vista de esta evolución, el director de Industria Transit y Smart Cities del Santander, Antonio Babío, en el IX Smart Business Meeting celebrado en julio, ha pronosticado que la práctica desaparición del efectivo «se va a adelantar y se producirá dentro de 3 años».

En nuestro país, el efecto será de gran trascendencia. La más obvia es una clara ventaja del Estado de derecho frente al blanqueo. Este no desaparecerá súbitamente pero es evidente que será más fácil luchar mediante la tecnología contra este fenómeno delictivo. Enrique Dans, que informaba recientemente de que según la ONU se lavan actualmente en el mundo entre 800.000 y dos billones de dólares procedentes de actividades delictivas, proponía utilizar la detección de anomalías -en el ámbito del 'machine learning'- para detectar fraudes e irregularidades.

El otro efecto será la generación de una serie de dificultades, a menudo insalvables, a la economía sumergida, que en España representa cerca del 25% del PIB. A nadie se le escapa que la necesidad de poner coto a esta situación irregular, lesiva para muchos productores que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, ha de compatibilizase con el salvamento del empleo hoy ocupado en el trabajo informal. La picaresca no tiene límites, y surgirán subterfugios como el trueque para escapar al control del fiscal, pero es claro que la mayor parte de las actividades que hoy sobreviven en equilibrio precario gracias a que no tributan desaparecerán. Sería bueno dotarlas de rampas de aterrizaje, promoviendo fusiones, periodos de declaración voluntaria, etc.

Llega, en fin, un tiempo nuevo, en que desaparecerá también otra parcela de nuestra privacidad personal. Pero no parece que este camino que estamos ya recorriendo tenga retorno, por lo que más vale que nos adaptemos a él cuanto antes. El asunto no tiene opción alternativa.