Desestabilizaciones inmobiliarias
«Parece que el evidente éxito de la Unión Europea y su referencia de bienestar social, impensable hace 60 años, molesta a poderosas fuerzas propicias a la selva económica del libre mercado sin regulaciones, ni limitaciones en búsqueda del máximo beneficio.»
La especulación inmobiliaria no es ninguna novedad, lo novedoso es el carácter global del que se ha revestido y, por desgracia para los españoles, ... España es uno de los países más valorados por fondos de inversión extranjeros. Aprovechando la crisis del ladrillo, compraron viviendas a precios muy reducidos, especialmente en el caso de algunas viviendas públicas, y la mayoría de sus alquileres sociales ha desaparecido. ras la crisis del ladrillo, el mantra de la vivienda en alquiler, como alternativa al riesgo hipotecario, se convirtió en lugar común para muchos españoles, empezando por los más jóvenes. En realidad, no existía una base razonable, pues la oferta de alquiler viene a ser un 20% del mercado y la presencia pública no tiene capacidad de influencia, menos tras las mencionadas ventas a 'fondos buitre'. Con ayudas para alquileres sociales se han evitado muchos desahucios pero, aunque meritoria, la lucha es desigual y absorbe cantidades sensibles de los menguados fondos de la política de vivienda.
Blackstone es el mayor fondo de inversión global. Peterson y Schwarzman, empleados anteriormente en Lehman Brothers, lo fundaron en 1985 con 400.000 dólares; actualmente gestionan unos 470.000 millones de dólares, un tercio superior a los Presupuestos Generales del Estado en España, país donde se ha convertido en el principal casero, con una cartera de 20.000 millones de euros invertidos, que representa el 21% de sus fondos inmobiliarios y un 12% en fondos de hoteles. Sus inversiones producen rentabilidad con su explotación, hasta que se juzgue oportuno el momento de su reventa, pero las cifras son más potentes si se comparan con los 5.521 millones de euros del presupuesto del Ministerio de Fomento. La nueva 'burbuja' no llega a la España vacía y las inversiones no son indiscriminadas: eligen lugares precisos que concentran crecimiento, turismo y ocio (son el principal competidor de Disney).
No solo están los fondos de inversión, también existe dinero de blanqueo o de países emergentes; China tiene un enorme potencial de inversión y es un socio muy apreciado que compra viviendas con precio superior a 500.000 euros y permiso de residencia… El lado oscuro de este tipo de inversiones repercute en una carrera de precios que cada vez restringe más el acceso de los españoles a la vivienda. Según TINSA, desde 2015 el incremento del precio medio (1.337 euros por metro cuadrado en 2018) ha sido de un 11,7%; pero entre comunidades autónomas las diferencias son abrumadoras, varían entre 2.306 euros por metro cuadrado de Madrid, a los 769 euros de Extremadura, un índice preocupante sobre la cohesión social española; en cualquier caso, los moderados incrementos salariales distan de los inmobiliarios y es una tendencia asentada desde la crisis. El deterioro de las condiciones de vida de la población y la reducción de la clase media es objeto del último informe de la OCDE, que no oculta su preocupación por el poder de desestabilización social y de impulso para alternativas populistas.
En Europa, todavía convaleciente de la crisis de 2008, también se producen incrementos del mercado inmobiliario, con las inevitables protestas, incluso en lugares donde estaba controlado el precio de los alquileres, como en Alemania. Es el problema de haber convertido un derecho en un producto financiero de ámbito global. Para David Madden y Peter Mancuso, de la London School of Economics, la 'ecuación del fracaso' se ha creado de forma escalonada en los últimos años y se expresa con 'desregulación+financiarización+globalización= mercantilización'. En España nos resulta reconocible, pues hemos vivido el proceso durante los últimos veinte años… y continúa. La consecuencia es un descontento que contribuye a la desestabilización político social, de modo que el mercado inmobiliario, controlado como producto financiero por intereses exteriores y ajenos a los afectados, puede convertirse en un caballo de Troya para la UE. Evitarlo precisaría una actuación pública decidida, pero no se adivinan recursos para ello.
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