Debates y pataletas
La audiocarta del director ·
«Los representantes de RTVE, que no aceptaron con deportividad el resultado, reprocharon a quienes no valoraron su propuesta que sus votos no respondían a intereses periodísticos, sino empresariales»La celebración de los dos debates que, por ley, son obligatorios ante la cita con las urnas del 13 de febrero en Castilla y ... León ha suscitado cierta polémica y algún malentendido. El hecho es relevante por varios motivos. Como se sabe, en esta comunidad deben desarrollarse dos debates entre los candidatos con grupo propio en Las Cortes (hoy, PSOE, PP y Ciudadanos) durante la campaña electoral. La norma dicta asimismo que sea una comisión formada por representantes de medios de comunicación y convocada por la consejería competente de la Junta, en este caso la de Presidencia, la que fije las condiciones en las que se hagan esos debates. Siempre bajo la tutela de la Junta Electoral. Hasta aquí, todo razonable y, en apariencia, normal.
Esa comisión se reunió el 14 de enero, yo formé parte de ella en representación de El Norte de Castilla y decidió por amplia mayoría que Radio Televisión de Castilla y León, la cadena privada que gestiona la concesión del canal autonómico, produzca los dos debates: el 31 de enero y el 9 de febrero a las 21.00 horas. Su propuesta obtuvo 13 de los 22 votos presentes. La opción de que uno de ellos lo produjese RTVE (que también quería organizar uno) y el otro lo produjese RTVCyL obtuvo 7 votos, entre ellos el mío. Hubo más decisiones, pero la fundamental era esa: quién produciría los debates y proporcionaría gratuitamente una señal de ellos limpia, neutra, sin logos ni marcas de ninguna clase a todos los medios (incluidas otras teles) que deseen retransmitirlos. De hecho, en los sitios web de El Norte de Castilla, Leonoticias y BurgosConecta emitiremos esas señales los días 31 de enero y 9 de febrero. Y las enriqueceremos con aportaciones de expertos y analistas.
La polémica, acompañada de varios recursos a la Junta Electoral que podrían obligar a un nuevo encuentro de la comisión, se suscitó en la misma reunión del día 14, pues los representantes de RTVE, que no aceptaron con deportividad el resultado, reprocharon a quienes no valoraron su propuesta que sus votos no respondían a intereses periodísticos, sino empresariales. Fueran como fuesen, eran libres y legítimos, pero es que en ningún sitio de la norma dice que los representantes de los medios deban ser periodistas ni actuar como tales. Con posterioridad, desde el comité de empresa del ente público y desde la propia cadena pública nacional se alimentó la confusión entre los conceptos 'retransmisión' y 'producción' de los debates, pues se defendía que la comisión había vetado la emisión de los debates por un canal que iba a difundirlos a escala nacional. La realidad es que la comisión no vetaba nada, elegía según ley por mayoría democrática entre opciones legítimas todas ellas. Si en lugar de decidir lo que decidió, hubiese optado por repartir los debates como yo apoyaba, por ejemplo, ¿RTVCyL hubiese podido criticar que se le había vetado un debate? Pues tampoco… Y por otro lado, la comisión elegía quién producía los debates y en qué condiciones, no cómo cada medio luego los decidiera emitir, por qué canal y con qué alcance. La BBC, Canal Sur o la CNN podrían servirlos a sus espectadores si así lo quisieran, gratuitamente, sin que se vea por ningún lado quién los produce. Por tanto, RTVE podrá emitir uno o ambos debates para todo el país por La 1, La 2, Canal 24 horas o Teledeporte si así lo desea. ¿O acaso solo pretendía emitir por el canal 24 horas el suyo y no el producido por RTVCyL?
Lo más preocupante de este lío es que una norma razonable y positiva, como es la que obliga a dos debates entre candidatos, gestionada por una comisión de medios que debe inspirar sus decisiones con los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad que plantea la ley, se topa en la práctica con un sector de medios que difícilmente concuerda con esos valores, pues de sus 22 votos, aunque faltara el vocal del Colegio de Periodistas, diez son ejercidos por representantes de medios propiedad de las dos empresas, Edigrup y Promecal, que a su vez comparten al 50% la sociedad de RTVCyL. Es evidente la descompensación y la confluencia de intereses. A mí no me gustó lo que se decidió porque opino que se restó pluralidad. Ahí está, en el acta, lo que expresé. Pero me ha gustado mucho menos el pataleo y los abucheos de quienes no lograron su objetivo, por razonable que fuese, y atacaron una decisión legal y democrática cuestionando la honradez profesional de otros miembros de la comisión. Lamentable.
¿Qué cabe hacer? Por regla general, si uno quiere participar en un juego, el que sea, debe conocer y aceptar las normas. Estas son las que a día de hoy operan en Castilla y León. Y luego, conviene resignarse mientras todos los partidos políticos sin excepción (también, o muy especialmente, los que están en la oposición) sostengan y compartan, como lo hacen, un modelo del sector de los medios en el que se producen las anomalías que ha hecho tan patentes este episodio, y que redundan en una menor independencia respecto del poder de algunos medios. Pero eso no era lo que se debatía el 14 de enero. Cuando el 30 de junio pasado comparecí ante la Comisión de Investigación sobre la financiación y los planes de medios de la Junta, en Las Cortes, lo expliqué. La pena es que a ningún partido político le haya interesado nunca de verdad cambiar nada.
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