Alarma por el Parlamento

Desde el primer conato parlamentario surgido en León en 1188, la historia del parlamentarismo moderno se corresponde con la historia de la resistencia de los ciudadanos (primero, los nobles; después, los propietarios; y, finalmente, todas las personas) frente a los intentos de la clase dirigente (el Rey, el Estado) de exaccionar más y más tributos. Hoy en día, sin embargo, esa función original, primera y principal del Parlamento se ha visto desplazada por su conversión en un esquema formal sin contenido sustantivo propio que, sencillamente, confirma las decisiones de la clase dirigente (el Presidente, el Estado) por abusivas que éstas sean.

El debate sobre las cuentas públicas españolas para el año 2021 está obviando elementos esenciales que, a mi juicio, el Parlamento debería atender en primer término. Algunos organismos nacionales (como el Banco de España) e internacionales (como la Comisión Europea) ya lo han advertido: las previsiones de ingresos no son creíbles (hará falta más dinero), el recurso a más deuda es inadmisible y, en fin, los Presupuestos son casa construida sobre arena que cualquier marea puede llevarse.

Por el lado de los ingresos, el Estado espera recaudar más incrementando el tipo impositivo de determinados impuestos directos, como el de la Renta de las Personas Físicas y el de Sucesiones. Ello supondrá que las familias dispondrán, con carácter general, de menos dinero para gastar o consumir (porque, cada mes, ingresarán más al Tesoro) y, al tiempo, pagarán más por los bienes y servicios que consuman (porque el aumento de la carga fiscal de las empresas repercute, le guste o no al Gobierno, en el precio). Ello, además, para nada, porque, como demostró Arthur Laffer, el aumento del tipo impositivo, a partir de ciertos niveles, disminuye la recaudación del Estado. En definitiva, menos renta disponible y mayores precios: crisis asegurada.

Por el lado de la deuda pública, la Comisión Europea ya ha advertido a España que no podemos permitirnos más lujos. Y es fácil entender por qué: en el tercer trimestre de 2020, la deuda pública española ha superado los 1,3 billones de euros, situándose en el entorno del 115% del Producto Interior Bruto. Traducido a román paladín: si España es una familia que genera mensualmente una renta de 1.000 euros, cada mes esos 1.000 euros deben emplearse íntegramente en pagar a los acreedores y, además, todavía hay que pagar 150 euros adicionales de los que no disponemos. En resumen: una ruina para nosotros y para las generaciones futuras.

Así pues, los nuevos Presupuestos conjugan una crisis segura con una ruina presente y futura: receta infalible para crear pobreza, que es, a la postre, el objetivo último de este Gobierno. Sólo así genera las dependencias necesarias para cautivar un voto que, elecciones tras elecciones, le perpetúe en el poder.

El Parlamento debe hacer frente, con rigor y contundencia, a semejante dislate. Debe desempeñar su función constitucional y cumplir con su histórica misión de defender al pueblo, a las familias y a las personas, de los abusos del poder desmedido de un Gobierno que no oculta sus visos totalitarios. El Parlamento no está para santificar las decisiones de la élite, sino para frenar aquéllas que, como estos Presupuestos, atenten gravemente contra los derechos de los ciudadanos.

Los parlamentarios deben recordar cuál es la razón de ser de su mandato último: servir a sus representados y defender sus derechos. Desde aquí envío un ruego a los diputados a ambos lados del arco parlamentario. Sean valientes. Vuelvan la vista a los oprimidos ciudadanos españoles que ven indefensos cómo se prepara contra ellos un nuevo embate que reduzca aún más su autonomía económica y, con ella, su dignidad. Voten 'no' al Proyecto del Gobierno. No olviden que las grandes democracias las hacen los grandes hombres.