El Gobierno seguirá adelante con el reparto de menores migrantes pese al plante de las comunidades del PP

Lo ocurrido ahonda el choque por lo que los ministerios concernidos interpretan como un escoramiento del PP hacia las posiciones menos respetuosas con los derechos de los menas de Vox y la oposición, que acusa al Gobierno de imponer sus criterios sin consenso y primando satisfacer los intereses de sus socios de Junts. Cataluña recibirá una treintena de menores migrantes gracias a la evaluación del esfuerzo previo realizado. Las comunidades comandadas por el PP y y Castilla-La Mancha han recurrido al Constitucional el decreto gubernamental.

A la espera de que el tribunal de garantías resuelva, las regiones lideradas por barones populares pretenden poner todos los palos en las ruedas posibles para que la distribución no se materialice. Se negaron a acudir a la reunión convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, bajo el argumento de que el orden del día fue impugnado en una cita previa y, por lo tanto, la convocatoria de la misma es «ilegal», algo que desde el Ministerio niegan tajantemente y cargan contra los gobiernos del PP por «falta de cooperación» y «dejación de funciones». «La ley se va a cumplir», aseguró Rego, que considera «inaúdito» que los gobiernos del PP consideren que pueden incumplir la ley sin haber esperado a lo que diga el Constitucional.

La titular de Juventud e Infancia acusó a los de Feijóo de mantener una «posición racista» frente a la que ha opuesto la agenda del Gobierno ante «unos niños que tienen derechos y debemos de ser capaces de acoger con dignidad». En la misma línea se pronunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien recordó que es «obligatorio» el cumplimiento de la ley y acusó a al líder del PP, de «abrazar la xenofobia que le marca Vox» y utilizar a los menores migrantes como «chivo expiatorio» en una estrategia dirigida a «intentar erosionar al Gobierno».

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró, por su parte, que las comunidades del PP «creen que dan plantón al Gobierno, pero en realidad dan plantón a Canarias y a los niños y niñas que hay en las islas, que deben ser acogidos por ley», en referencia a la reforma legislativa del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establece una distribución obligatoria. «Una más. Como ocurre con la Comunidad de Madrid, que pone trabas al traslado de niños solicitantes de asilo. Una postura que obliga al Gobierno -anunció el expresidente canario- a solicitar aval al Supremo, para hacerlo con garantías».

A la cita de este jueves sí han asistido de forma presencial el consejero de Ceuta, ciudad autónoma gobernada por el PP, y los de Canarias, País Vasco, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha. Esta última comunidad, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, ha acudido a la cita sin estar de acuerdo «ni con la forma ni con el fondo». Considera, en línea con el PP, que no se ha tenido en cuenta a los gobiernos autonómicos y que los criterios de reparto «son arbitrarios», pensados únicamente para «complacer a Junts».

El líder de Vox, Santiago Abascal, acusó al PP de boicotear el reparto de menores migrantes por interés electoral de «unas elecciones que no se han convocado» y recordó que su partido se salió de los gobiernos de coalición hace un año porque «se negó a hacer esto exactamente». «Se salieron porque echaron un órdago a Feijóo y lo perdieron», recuerdan desde el PP.

En el partido conservador insisten en que no funcionan con «chantajes» sino con «principios» y tampoco actúan bajo «amenazas». «Ni estamos de acuerdo con el Gobierno en este reparto de 4.400 menores que pretenden imponer a las comunidades, ni lo estábamos con Vox cuando pretendían negarse a recibir a entre quince y treinta menores por autonomía hace un año», zanjan.