El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

La renuncia antes de que le llegue la orden del alto tribunal de marcharse inexorablemente -explica en su carta- es «un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española». En ese escrito, Álvaro García, que ha sido el máximo representante de la institución durante tres años y cuatro meses, recalca que el hecho de anticiparse a abandonar el cargo conociendo únicamente el fallo de la sentencia (que fue exclusivamente lo que el tribunal publicó el pasado jueves) se debe al «profundo respeto» a las resoluciones judiciales y a su voluntad «siempre presente, de proteger a la Fiscalía española».

«Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional», abunda el ya exmáximo responsable del Ministerio Público, la institución garante de la legalidad y de la persecución de los delitos.

La marcha oficial de García Ortiz se produce cuatro días después de que la Sala Segunda del Supremo anunciara que le condenaba, por cinco votos a favor y dos en contra, a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos. El tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta, que será el ponente de la sentencia, considera probado que habría participado en las maniobras para airear en marzo de 2024 datos confidenciales de la denuncia por doble fraude fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El alto tribunal también anunció el pasado jueves que le imponía una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a González Amador por el daño moral causado a la pareja de la presidenta de Madrid.

La salida de García Ortiz -que no se hará oficial hasta que la apruebe el Consejo de Ministros este mismo martes y luego se publique en el BOE- abre un tiempo de interinidad, que en Moncloa esperan que sea muy breve. El Gobierno anunció la semana pasada que no se iba a demorar en la designación de un nuevo fiscal general. Pero entre tanto, esa responsabilidad recaerá de manera temporal sobre la 'número dos' del Ministerio Público: María Ángeles Sánchez Conde. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, que participó en el juicio defendiendo la inocencia de su inmediato superior en esta causa, es, además, una de sus posibles sucesoras en el cargo.

El nuevo fiscal general del Estado será el cuarto que se nombre desde que Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018. Ese mes, el Gobierno recién llegado a Moncloa tras la moción de censura nombró a María José Segarra, quien estuvo en el cargo hasta enero de 2020. Fue entonces sustituida por Dolores Delgado, una decisión harto polémica porque la candidata pasó sin solución de continuidad de ser la ministra de Justicia a encabezar la Fiscalía. Delgado, por motivos de salud, renunció al cargo en julio de 2022, y un mes después fue sustituida por García Ortiz, quien hasta entonces era su mano derecha como jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía.

Con respecto al próximo fiscal que se hará cargo de la institución jerarquizada, el Ejecutivo ya ha manifestado que el candidato o candidata será «una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho», que debe cumplir con los requisitos de tener más de 15 años de experiencia y ser un jurista de reconocida competencia. En caso de tratarse de una designación continuista, los dos nombres que están encima de la mesa son los de la citada teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe. Ambos son integrante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), como en su día lo fueron Segarra, Delgado y García Ortiz.

Villafañe también ha jugado un papel crucial en la causa contra el fiscal general. Mano derecha de García Ortiz, llegó a estar investigado en el procedimiento, pero finalmente el magistrado instructor Ángel Hurtado consideró que no existían indicios suficientes contra él. En el juicio, declaró como testigo y protagonizó una de las comparecencias más criticadas. Acusó directamente a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, de sentir «animadversión» hacia García Ortiz, después de que esta testificase contra él. Del mismo modo, su papel dentro de la Secretaría Técnica ha sido clave para decisiones estratégicas de la Fiscalía.