Sánchez gana tiempo a costa de ceder a Junts el control común de las fronteras

El propio Ejecutivo asume –y así lo admitió en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros su portavoz, Pilar Alegría– que ni hoy por hoy la aprobación de la norma se puede dar por segura y que tampoco con este acuerdo, que ya ha obligado al PSOE a adoptar una posición defensiva, se ha desbrozado el camino para poder sentarse con Carles Puigdemont y el resto de fuerzas parlamentarias a negociar de una vez por todas unos Presupuestos Generales del Estado a los que Pedro Sánchez asegura no renunciar. «La complejidad parlamentaria no ha cambiado –dijo Alegría–. Tendremos que sudar la camiseta».

El acuerdo, desglosado a través de sendos comunicados idénticos de Junts y el PSOE a primera hora de la mañana, sí da en todo caso cierto oxígeno al Gobierno. No en vano es la razón por la que hace diez días los posconvergentes accedieron a retirar solo 24 horas antes de su debate en el pleno del Congreso la proposición no de ley en la que instaba a Sánchez a plantear una cuestión de confianza. Pero su contenido también le exigirá hacer en los próximos días un esfuerzo de explicación para tratar de contrarrestar tanto las críticas del PP, que este martes lo acusó de estar «desguazando» el Estado, como de una parte de la izquierda que recela del discurso, a su juicio, xenófobo de Junts, en competencia con la ultra Aliança Catalana.

También los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles hicieron explícito su enojo y exigieron responsabilidades al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el miembro del Gobierno que con más claridad había asegurado que tanto el control de fronteras como el de los flujos de inmigración irregular son competencia exclusiva del Estado y «no son susceptibles de ser transferidos o delegados».

En su ausencia, por una enfermedad sobrevenida que los populares pusieron en cuestión, este martes fue la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la encargada de negar que, una vez más, el Ejecutivo se haya desdicho y haya traspasado las líneas rojas que dijo que nunca rebasaría.

De convertirse en ley lo acordado con Junts, la Generalitat se hará cargo de la gestión de los Centros de Internamiento de Inmigrantes, y gestionará los permisos de residencia. Cataluña ejercerá las «facultades de control de frontera relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución de personas extranjeras» y los Mossos, como «policía integral», actuarán en los puestos habilitados para el acceso» de inmigrantes «en puertos y aeropuertos, en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Ese último matiz, el de que los Mossos no serán la única policía en la frontera y tendrá sus funciones tasadas, es para el Gobierno relevante. Como el hecho de que la Generalitat no pueda decidir sobre las expulsiones y solo pueda proponerlas, conforme a unos criterios previamente fijados en un órgano paritario. La diferencia con las devoluciones es que estas no requieren expediente y se aplican, conforme a la Ley de Extranjería, en la propia frontera o sus inmediaciones a quienes tengan prohibido entrar en el país.

Puigdemont se vanaglorió este martes de que Cataluña gestionará «competencias que normalmente gestionan los Estados», pero es cierto también que se ha conformado con menos de lo que reclamaba. La ley no habla, de hecho, de una delegación «integral» de competencias sino de una «asunción integral de la delegación de competencias». Sáiz hizo hincapié, además, en que se no se trata de una cesión o una transferencia, sino de una decisión reversible. Y de hecho Alberto Núñez Feijóo ya ha advertido de que la revertirá si llega al Gobierno.

La ministra tampoco cerró la puerta a hacerla extensiva a otras autonomías, en caso de que lo pidieran. De momento, solo el Gobierno del País Vasco ha mostrado un mínimo interés.