Ábalos alega ante el Supremo que «no es digital» y que hace un consumo compulsivo de «folios» para negar las mordidas

Es por esto, y para tratar de probar ese consumo desmesurado de hojas, que el parlamentario del Grupo Mixto, en su último alegato al que ha tenido acceso este periódico, reclama al juez instructor del 'caso Ábalos-Koldo-Cerdán' en el Supremo, Leopoldo Puente, que se dirija al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana «a fin de que el oficial mayor del ministerio certifique número de folios entregados a la secretaría del ministro entre los años 2018 y 2021», período en el que Ábalos fue ministro.

En su escrito, José Luis Ábalos insiste en que es errónea la interpretación de la UCO de que la «expresión folios» es parte de un «lenguaje en clave» con «un significado real de carácter monetario». «Tal inferencia carece de fundamento», reitera. «En la residencia del ministro había un despacho de trabajo dotado de ordenador e impresora» y Ábalos «tenía y tiene la costumbre de imprimir documentos, crónicas, etc. con los que nutre su archivo». «Es posible que tal costumbre se refiera a una generación no digital, pero lo cierto es que este material de oficina era solicitado a su secretaría», señala el escrito, que remarca que «dichos folios, en cajas, las traían a la residencia oficial de Ábalos los conductores, escoltas o el propio Koldo García».

«No estamos ante una expresión ambivalente« ya que «realmente la palabra 'folios' se corresponde con hoja de libro o cuaderno, según el diccionario de la RAE, y no a otra cosa», zanja el letrado.

Más allá de esta nueva 'batalla de papel' con la UCO, José Luis Ábalos insiste en tratar de anular toda la causa contra él, alegando, como ya hizo su anterior letrado en varias ocasiones, que el diputado del Grupo Mixto fue investigado por la Guardia Civil mucho antes de que el Congreso concediera el pasado enero el suplicatorio para levantar la inmunidad al hoy imputado.

En esa línea, el exfiscal Bautista pide al Supremo que requiera a la Dirección General de la Guardia Civil que informe sobre los «accesos» a las bases de datos SIGO ( Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana) y SINVES (Sistema de Información sobre Vigilancia y Servicios) en relación a Ábalos «con anterioridad a la fecha de concesión de suplicatorio por las Cortes Generales». Todo ello para comprobar si se hicieron consulta sobre el diputado a pesar de su inmunidad.

La nueva defensa del investigado también pretende abrir otro frente al tratar de negar las acusaciones que están en el origen de esta investigación judicial: el supuesto amaño del contrato del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas a la empresa del conseguidor Víctor de Aldama. El letrado, que intenta demostrar que esa adjudicación fue «pulcra» y que no hubo irregularidades porque los tapabocas acabaron llegando a pesar de la falta de suministros en plena pandemia, pide al juez que reclame a Correos los «albares» de la entrega de las mascarillas al ministerio.