La UDEF contabiliza hasta cinco millones de euros en contratos irregulares en el seno de la 'Enredadera'

Imagen de los registros realizados en el marco de la trama Enredadera./Ical
Imagen de los registros realizados en el marco de la trama Enredadera. / Ical

De la investigación se deducen igualmente «signos de acercamiento a políticos en la línea y con la finalidad de conseguir los contratos mediante adjudicaciones que se pactan por 'la puerta de atrás'», recoge uno de los oficios de la UDEF incorporados en el sumario judicial

J.C.León

Dos años de investigaciones y decenas de intervenciones telefónicas a través de la Policía y bajo autorización judicial sirvieron para que el pasado mes de julio tuvieran lugar más 40 detenciones (17 de ellas de cargos públicos, 10 jefes de diversas policías locales, dos exjefes de Policía, cuatro técnicos de ayuntamiento y once empresarios), y 92 registros en 11 comunidades autónomas en el marco de la denominada 'Trama Enredadera'.

La comisión

En su conjunto la intervención judicial y policial supone el golpe más duro dado a una actividad ilícita dedicada a la obtención de importantes beneficios a través de contratos irregulares con diferentes administraciones públicas.

«Rueda de favores»

La Policía accedió entonces a un total de 25 ayuntamientos (en el caso de la provincia de León a los ayuntamientos de la capital, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y Villarejo del Órbigo), diez despachos de policías y diversos domicilios en 44 municipios.

Tras una investigación iniciada por un Juzgado de Badalona y ampliada en otros dos Juzgados más tras detectar la amplitud de la organización (León y Astorga) ahora se concluye por parte de los investigadores que en su conjunto cinco millones de euros en contratos irregulares en el seno de esta trama.

«Son como la mafia. Te ceden sus contactos y a partir de ahí entras en la rueda de los favores». Así es como los investigadores describen la organización liderada por el empresario leonés José Luis Ulibarri, considerado como el «gran jefe», según publica este jueves La Vanguardia.

'Puerta de atrás'

Todo empezó en mayo de 2016, con la denuncia del concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Montgat (Barcelona). Ese fue el inicio de un hilo que permitió del que se pudo tirar hasta acabar con tota la red

De la investigación se deducen igualmente «signos de acercamiento a políticos en la línea y con la finalidad de conseguir los contratos mediante adjudicaciones que se pactan por 'la puerta de atrás'», recoge uno de los oficios de la UDEF incorporados en el sumario judicial y revelados por La Vanguardia.

Para la instrucción del caso no hay duda de que los políticos cedían a la presión empresarial con la seguridad de que todo ello les permitiría obtener un alto nivel protección en el caso de Castilla y León a través de los medios de comunicación del empresario.