Triana gana el pleito que tenía con la Diputación y que había alimentado la inquina hacia su presidenta

Fue un «efecto de tramitación» según consta en los autos, pero lo cierto es que Triana Martínez ha conseguido ganar el 'pulso judicial' que mantenía la Diputación de León sobre su persona y que evidenciaba la 'guerra intestina' declarada en su día entre la presidencia de la institución y la entonces ex trabajadora.

Ha sido el juez responsable del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de León quien ha rechazado los argumentos de la institución provincial y la denuncia de lesividad planteada, negando la reclamación a Triana Martínez de 6.583 euros cobrados de forma indebida -a juicio de la institución entre 2007 y 2011-.

"El problema no ha estado tanto en que la cantidad reclamada no se tuviera que pedir sino en que esta reclamación no se realizó en su momento con una tramitación conforme a ley", se ha advertido este miércoles a leonoticias.com desde fuentes del caso.

La Diputación mantenía que la hija de la asesina confesa de Isabel Carrasco ingresó cuatro años un complemento específico que debería haberse reducido en un 30% ya que la entonces trabajadora no tenía exclusividad.

Esta es la segunda ocasión en la que Triana se impone en sala judicial a la Diputación Provincial dentro del procedimiento 180/2013.

El último juicio por esta causa tuvo lugar el pasado 16 de julio en el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de León. Según los autos del crimen fue precisamente el despido realizado en su día a Triana Martínez y la posterior reclamación por cobros indebidos lo que incrementó el odio de Montserrat hacia Isabel Carrasco al considerar que la entonces presidenta de la Diputación actuaba por venganza incluso a la hora de reclamar el dinero percibido por Triana.

«Hubo un abuso por parte de Triana»

Durante el juicio el abogado de la Diputación Provincial insistió en que la reclamación de una cantidad cifrada en 6.583,80 euros en concepto del dinero indebidamente cobrado por Triana Martínez.

Según aseguró entonces el letrado, fue la ya ex trabajadora de la institución quien en julio del 2007 aceptó y rubricó una "reducción del 30 por ciento" del complemento específico al permitirse la compatibilidad de su desarrollo profesional tanto en la función pública como en la privada.

Un acto -la firma- "firme y consentido" que, en ningún caso, según apuntó el letrado en la sala, fue recurrido. Retribución que, sin embargó, no dejó de ser percibida y de la que sólo se percató la Diputación en la liquidación final del contrato y que por tanto conlleva que fuera un abuso por parte de Montserrat Triana Martínez.

En este sentido, apuntó que no hubo mala fe por parte de la Diputación de León dado que desde el 2011 está intentado solucionando el conflicto y apunta que existe un claro perjuicio a la administración público.

No ha renunciado a la reducción del complemento y por tanto lo acató, apuntó el letrado que entiende que debe estimarse el recurso de la Diputación y concluir que Montserrat Triana Martínez abone a la institución provincial 6.583,80 euros.

El alegato de la defensa

Por su parte, la defensa insistió durante el juicio en varias ocasiones que la solicitud de la complementariedad cursada en 2007 no incluía la renuncia de ese 30% del complemento específico y que por lo tanto la reclamación de 6.586,60 euros no tiene lugar.

En este sentido, el letrado ha asegurado que el acuerdo de mayo es ilegal dado que definida una retribución y un complemento, la retribución económica no es renunciable. Asimismo, el letrado alegó que en el acto de aprobación de las nóminas impugnadas se encuentra en contradicción con un acto administrativo y que además no se notificó a su cliente en el plazo previsto.

Asimismo, aseguró que la nómina percibida por Montserrat Triana Martínez se adecua al contenido de la plantilla y a la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación y, por tanto, cobró las retribuciones a las que tenía derecho.

Ahora el dictamen del juez da la razón a Triana Martínez en detrimento de la institución que ya ha perdido dos juicios en esta causa.

Plaza creada en 2006

Según un informe elaborado por la institución provincial la plaza ocupada por Triana fue creada en 2006 pasando a ser ocupada por la citada Triana Martínez el 1 de junio de 2007 (nombrada funcionaria interina por decreto de la propia presidenta de la Diputación) cuando la joven era candidata popular al Ayuntamiento de Astorga.

Luego, según se ha advertido desde el propio PP, llegaron las desavenencias entre las partes. Carrasco dejó de confiar en Triana y ésta comenzó a sentirse hostigada.

El informe dado a conocer este jueves recoge que la citada plaza como funcionario técnico en Telecomunicaciones salió posteriormente a concurso público siendo adjudicada finalmente y dentro del proceso de selección a Javier Casado Marcos quien el día 4 de abril de 2011 tomó posesión de la misma.

Fue en ese mismo día -4 de abril de 2011- cuando la Diputación, con la firma de un decreto por parte de su presidenta, cesó a Triana Martínez como funcionaria interina dejando la plaza en manos del citado Javier Casado. Éste soilicitó más tarde el traslado a otra institución y fue entonces cuando la Diputación de León amortizó la plaza.

'Una jugada'

Triana siempre receló de todo aquel proceso de selección y siempre tuvo la sensación que en realidad se trataba de 'una jugada' para eliminarla de la Diputación por la enemistad (manifiesta para ella) que Isabel Carrasco la tenía.

Triana pidió precisamente en 2011 ver el examen de la única persona de los 33 aspirantes que superó la primera de las tres pruebas convocadas para ocupar la plaza de funcionaria que ella ocupaba como interina.

En este test de conocimientos, valorado sobre 10, Triana obtuvo según la documentación aportada este jueves una nota de 2,275 puntos, muy por debajo de los cinco puntos exigidos en el 'corte'.

Javier Casado, que se hizo con el puesto, obtuvo una puntuación de 5,9 y se convirtió en el titular de esa plaza más tarde amortizada.

De 11.046,78 a 6.583,80 euros

Posteriormente y tras el cese como funcionaria interina la Diputación inició un proceso de reclamación sobre la ya ex trabajadora por una cantidad de 11.046,78 euros alegando "cantidades indebidamente cobradas".

La institución, dentro del procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción número 2 de León, rebajó la reclamación a su ex trabajadora hasta los 6.583,80 euros al considerar "prescrita la diferencia entre dicha cantidad y los 11.046,78 euros inicialmente reclamados".

La vista del juicio estaba prevista para julio de 2014, según el citado informe de la institución provincial y que este jueves se ha hecho público.